La organización que nuclea a decenas de colectivos LGBTIQ+ de la provincia presentó hoy en la Legislatura cordobesa un pedido para activar el Artículo 99 de la Constitución provincial, tras acusar al legislador libertario de llamar «degenerados» a personas LGBTIQ+ y de hostigar a organizaciones que acompañan infancias trans.
La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) hizo entrega formal, este 7 de julio a las 10:30, en la mesa de entrada de la Legislatura de Córdoba, de un pedido para que se trate el Artículo 99 de la Constitución Provincial contra el legislador Gregorio Hernández Maqueda. Según el comunicado de la organización, los motivos son cuatro: haber llamado «degenerados» a las personas LGBTIQ+, hostigar a organizaciones que acompañan infancias trans, impulsar el cierre de la Dirección de Inclusión y buscar prohibir eventos científicos.
La organización enmarcó el pedido en el aumento del 133% de los crímenes de odio en Argentina y fue contundente: «El discurso de odio desde una banca no es libertad de expresión: es el primer eslabón de la violencia». «Una banca no es escudo para el odio. El silencio institucional no es neutral», agregó, y exigió que la Legislatura «habilite el procedimiento», que «se expidan» y que «actúen». El comunicado cierra con una advertencia directa: «Que sepan que los estamos mirando».
El pedido escala un conflicto que la propia COMO venía denunciando desde hace semanas, cuando había advertido que «un legislador provincial no puede llamar ‘degenerados’ a cordobeses sin consecuencia institucional», en un comunicado que también citaba los 227 crímenes de odio registrados en el país durante 2025 —uno cada 38 horas—.
El señalado es un legislador provincial por Mejor Futuro que en el último año reconfiguró varias veces su identidad política: milité desde los 17 años en la Coalición Cívica de Elisa Carrió, de la que se desafilió en 2024, y desde entonces se presenta como un «soldado ad honorem» de Javier Milei sin integrar la estructura oficial de La Libertad Avanza en la provincia. En marzo pasado presentó un proyecto para eliminar la paridad de género en las listas electorales cordobesas, y en marzo de 2026 se afilió al Partido Demócrata con la mira puesta en la intendencia de la ciudad de Córdoba en 2027.
Con este pedido formal, la disputa entre el legislador y la comunidad LGBTIQ+ cordobesa pasa de la denuncia pública a un mecanismo institucional concreto: ahora es la Legislatura provincial la que deberá decidir si habilita o no el tratamiento del juicio político.
