El asesinato del joven gallego en 2021, a manos de un grupo que lo atacó al grito de insultos homófobos, funcionó como bisagra legislativa. Especialistas consultados hacen un balance: hay más leyes y más denuncias, pero persisten las trabas para aplicarlas.
El 3 de julio combina en España dos fechas de sentido opuesto para la comunidad LGTBI: la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en 2004 y, en 2021, el crimen de Samuel Luiz, un joven de 24 años asesinado a golpes en A Coruña. La sentencia final, confirmada por el Tribunal Supremo, reconoció el agravante por homofobia en uno de los condenados. Fiscalas y abogados consultados coinciden en que ese caso destapó una laguna real en las herramientas para combatir el odio y aceleró reformas que estaban frenadas en el Congreso.
Desde entonces se sancionaron la Ley Zerolo de igualdad de trato (2022) y la Ley Trans (2023), además de la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI) y de la línea gratuita Servicio Arcoíris 028, que ya atendió más de 30 mil consultas en apenas tres años. Maite Verdugo, fiscal especializada en delitos de odio y hoy presidenta de AINODI, sostiene que España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en la materia, tras haber comparado el marco normativo con el de otros países europeos.
Los números, sin embargo, muestran una tendencia preocupante: en 2025 se registraron 2.417 delitos de odio, de los cuales 571 (más de un 20%) tuvieron como víctimas a personas LGTBI, un máximo histórico. Los especialistas advierten que esa suba no necesariamente implica más violencia, sino también mayor conciencia social para denunciar. Aun así, reconocen que persiste un fuerte subregistro: muchas víctimas temen que el proceso penal las revictimice o las exponga públicamente sin necesidad.
El diagnóstico más repetido entre los entrevistados es que España no tiene un problema de leyes, sino de implementación. Abogados como Saúl Castro señalan que los regímenes sancionadores previstos en la Ley Trans y la Ley Zerolo nunca se aplicaron en la práctica, y que la Fiscalía de Delitos de Odio solo tiene presencia en las capitales de provincia. También cuestionan la tercerización de servicios de atención a víctimas como el 028, que consideran debería depender directamente del Estado.
Otro debate abierto es el impulso de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, reclamado por organizaciones LGTBI como continuación del Pacto Social firmado en 2023. Voces del sector, como Curro Peña o Isaac Guijarro, se muestran escépticos: temen que la iniciativa quede en una declaración simbólica sin mecanismos reales de aplicación, y remarcan que el foco no debería estar solo en lo punitivo, sino en la reparación y el acompañamiento a las víctimas fuera del ámbito penal.
Fuente: El Correo
