Natalia Rita Giunta (titular del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 1 de San Luis) vuelve a estar bajo la lupa de la comunidad LGBTIQ+. Esta vez el denunciante es Oscar Muñoz Figueroa (Davo), periodista, productor y locutor, quien asegura que su orientación sexual fue tenida en cuenta en su contra al dictarse una restricción perimetral que lo dejó en la calle y lo alejó de sus padres.
Oscar Muñoz Figueroa es periodista, productor y locutor. Vive en Buenos Aires desde los 19 años, donde construyó una carrera con premios y reconocimientos en radio y televisión. Hace un tiempo tomó una decisión que le cambió la vida: dejar todo —incluida una relación de pareja— para volver a San Luis y cuidar a sus padres mayores. Hoy, dice, esa decisión lo dejó sin casa, sin ropa de invierno y sin sus herramientas de trabajo.
En diciembre de 2025 una jueza dictó contra él una restricción perimetral que le impide acercarse al domicilio de sus padres. Según su relato, la medida se dictó sin que la jueza supiera bien a quién se la estaba aplicando ni quiénes eran realmente los denunciantes. Muñoz Figueroa sostiene que se lo acusó de agresión física a sus padres, consumo problemático y de haber amenazado de muerte a una tía ya fallecida —a quien llama «mi otra mamá»— pese a que, según cuenta, la mujer atravesaba un deterioro cognitivo que habría hecho imposible que comprendiera cualquier amenaza.
Una jueza con antecedentes que preocupan a la comunidad LGBTIQ+
La magistrada a cargo de la causa, Natalia Rita Giunta, ya había generado polémica en el ámbito LGBTIQ+ por un fallo anterior: negó el apellido al hijo de una pareja homoparental de San Luis, una medida que luego fue revocada por la Corte de Apelaciones tras la exposición pública del caso.
Muñoz Figueroa no tiene dudas de que su condición sexual fue mencionada ante la jueza, y que eso incidió en su contra. Según su testimonio, uno de sus hermanos —el mismo que impulsó la denuncia que derivó en la restricción perimetral— alguna vez se refirió a él como «desviado sexual«. El periodista sostiene que existió connivencia entre distintos actores institucionales, y que su orientación sexual, sumada a los antecedentes de la jueza, explica por qué la Justicia no profundizó en verificar quién era él y qué reputación profesional tenía antes de aplicar la medida.
«Estoy seguro de que ha tenido en cuenta mi condición sexual para NO PROCEDER, y eso es lo que voy a tener en cuenta para denunciar la falta de accionar«, afirma.
Un regreso forzado y un presente de vulnerabilidad
—¿Cómo estás encarando tu vida después de este inesperado regreso a Buenos Aires?
—De verdad es inesperado, porque yo acá había dejado todo para quedarme con mis padres y transitar a su lado el privilegio de tenerlos vivos. Rodeado de mis amigos de siempre y de una hermana de la vida, estoy volviendo a nacer.
Muñoz Figueroa cuenta que fue su madre quien terminó denunciando al hermano en cuestión por los mismos hechos de los que a él lo acusan, y que la historia real sería, según su versión, exactamente inversa a la planteada ante la jueza. Relata además un historial familiar marcado por conflictos graves, procesos judiciales previos del hermano y adicciones, que dice haber acompañado de cerca durante años, incluso ayudándolo a conseguir una beca de rehabilitación.
Sobre este punto, vale una aclaración: se trata de acusaciones cruzadas dentro de un conflicto familiar, ninguna de ellas resuelta judicialmente al momento de esta publicación, y que corresponden al relato de una sola de las partes.
Un asalto, una noche de escape y una detención
El entrevistado describe un episodio central para entender el clima de violencia que dice haber atravesado: un asalto que califica de «programado» para quitarle el celular, en el que —asegura— le apuntaron con un arma en la cabeza y le advirtieron que «dejara de joder». Esa misma noche, dice, una tía lo ayudó a salir de San Luis para volver a Buenos Aires.
También relata que estuvo detenido 24 horas, aunque destaca un buen trato por parte del personal policial que lo reconoció. La experiencia cambió, sostiene, el día en que intentó volver a la casa de sus padres al vencer la restricción perimetral: según su testimonio, la oficial principal Mariana Gutiérrez Schiro le impidió el ingreso y le exigió que dejara de grabar con su celular, pese a que en el juzgado le habían asegurado que no existía impedimento legal para entrar. Muñoz Figueroa afirma haber presentado luego una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía.
Los próximos pasos
Davo dice que no piensa quedarse callado. Sus próximos pasos, según cuenta:
- Declarar ante una comisión del Congreso.
- Avanzar con un sumario administrativo o un jury de enjuiciamiento contra la jueza Giunta.
- Denunciar al personal del Hospital del Norte de San Luis que, según su versión, activó la medida.
- Continuar el contacto que inició con la diputada Carolina Losada, autora de un proyecto para penar las falsas denuncias, para proponer que la iniciativa contemple también este tipo de violencia familiar.
El costo físico y emocional
El periodista describe el impacto que este proceso tuvo en su salud: ataques de ansiedad y tres infecciones distintas en lo que va del año, que atribuye al estrés y la vulnerabilidad vividos. Dice no poder volver a San Luis, ni siquiera para retirar sus pertenencias, salvo con custodia. Y remarca que la medida le impidió despedirse de su tía antes de su fallecimiento.
«Soy y he sido un buen hijo, tal cual lo dijo mi madre. No voy a parar hasta que cada uno de los que se subieron a esto rinda explicaciones», cierra.
