Miguel Ángel Coria, odontólogo e instructor de zumba de 37 años, fue atacado con violencia extrema en Tarija por un hombre que reaccionó ante un intento de beso. El agresor está detenido pero la familia teme que su poder político le permita eludir la justicia.
Miguel Ángel Coria, joven jujeño de 37 años, fue asesinado a golpes el pasado 25 de abril en la ciudad boliviana de Tarija, en lo que su familia y abogados calificaron como un crimen de odio motivado por la homofobia. El agresor, Moisés Márquez Calani, fue identificado por testigos y se encuentra detenido preventivamente por cuatro meses en el Centro Penitenciario de Morros Blancos.
El ataque ocurrió sobre la avenida Domingo Paz, cuando Coria intentó darle un beso a Márquez Calani. La reacción fue inmediata y brutal: el agresor lo golpeó hasta derribarlo en la vereda, y luego continuó atacándolo cuando ya estaba en el suelo, en estado de total indefensión. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un trauma encéfalo craneal grave con múltiples fracturas de cráneo.
A pesar de la contundencia de las pruebas —entre ellas un video de cámara de seguridad que registró el ataque cuadro por cuadro—, Márquez Calani intentó justificarse argumentando que actuó en «defensa propia». Su detención no disipa los temores de la familia: según denunciaron colectivos LGBTIQ+ en Tarija, el agresor tiene vínculos con el poder económico y político local, además de 19 antecedentes por violencia familiar, lesiones graves y delitos de falsificación.
Miguel era odontólogo y daba clases de zumba en Tarija, ciudad donde había estudiado. Tenía 37 años —los había cumplido apenas cuatro días antes del crimen— y era el hijo menor de tres hermanos. Se trasladaba frecuentemente entre Bolivia y Jujuy, y era quien estaba a cargo del cuidado de su madre. «Era un hijo amoroso, un hermano noble, irradiaba felicidad», lo describió su hermana Gabriela.
La familia expuso el caso ante la Legislatura de Jujuy, donde fue recibida por diputados de distintos bloques y por autoridades del Colegio de Abogados. El encuentro fue valorado positivamente por los abogados de la familia, Ruddy Casas y Cristian Toledo Telles, quienes señalaron que la causa logró unificar a legisladores de la Comisión de Derechos Humanos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En términos jurídicos, Márquez Calani enfrenta cargos por asesinato con agravantes —motivos fútiles, alevosía y ensañamiento— según el artículo 252 del Código Penal boliviano, lo que implica una pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto. El 27 de agosto se realizará una audiencia clave para evaluar si continúa la prisión preventiva, instancia en la que la defensa de la familia pedirá la ampliación de la medida hasta el juicio oral.
Gabriela Coria hizo un llamado a la sociedad a rechazar toda forma de violencia y discriminación, y fue cuidadosa al deslindar la responsabilidad individual del colectivo: «Nunca voy a decir que Bolivia me quitó a mi hermano, el que me quitó a mi hermano es el odio, la brutalidad». También destacó el rol decisivo de los colectivos LGBTIQ+ en Tarija, sin cuya movilización, advirtió, el caso podría haber quedado en la impunidad.
«Esto tiene que ser un punto de partida para una sociedad mejor. Seamos conscientes de que somos humanos, empaticemos. La crueldad no puede ser el camino», cerró Gabriela, cuyas palabras resonaron tanto en la Legislatura jujeña como entre los miles de personas que acompañaron a la familia a través de las redes sociales.
Fuente: Mariana Mamani para Página 12 — nota original
