A más de un año del incendio intencional contra una familia lesbiana, el hombre imputado solicitó su excarcelación en una audiencia previa al juicio oral. Agui y Vane rompieron el silencio con un relato descarnado sobre lo que vivieron dentro y fuera del proceso judicial.
El 2 de junio pasado, mientras esperaban la fijación de fecha para el juicio oral, Agui y Vane —la pareja lesbiana cuya casa fue incendiada intencionalmente en Cañuelas en enero de 2025— publicaron en Instagram una serie de imágenes que resumían catorce meses de violencia, inacción judicial y revictimización. El motivo inmediato: Orlando Alcides Lutz Fogar, el hombre acusado de rociar su vivienda con combustible y prenderle fuego, volvió a solicitar su excarcelación en una audiencia para evaluar el riesgo procesal.
Las láminas del posteo, firmadas bajo la cuenta @justiciaporcanuelas, reconstruyeron la secuencia de lo que la familia atravesó durante el proceso. Fueron acusadas de realizar falsas denuncias, estigmatizadas y señaladas «por ser quienes somos», según sus propias palabras. También denunciaron que se intentó desacreditar sistemáticamente su testimonio. Todo esto, mientras el acusado pedía recuperar su libertad pese a estar imputado por un delito que la propia familia calificó como gravísimo.
En la audiencia del 2 de junio, la abogada de las víctimas, Sam Pedrozo, tomó la palabra con una frase que las propias afectadas reprodujeron en el posteo: que por suerte las víctimas estaban presentes y sonriendo, a diferencia de lo ocurrido con las mujeres asesinadas en el incendio de Barracas en mayo de 2024. La referencia trazó una línea directa entre ambos casos y colocó el de Cañuelas dentro de un patrón más amplio de violencia lesbo-odiante.
El caso tiene antecedentes que se remontan a 2022, cuando la familia se mudó a una zona semirural del partido buscando tranquilidad. Desde entonces, Lutz Fogar las hostigó de manera sostenida: vigilancia con binoculares, gestos amenazantes, apuntarles con una mira láser. La pareja presentó casi diez denuncias unificadas ante la Justicia y obtuvo una orden perimetral que, según declararon públicamente, nunca se cumplió. La noche del ataque no estaban en la casa: una vecina las alertó desde afuera mientras la vivienda ardía.
El posteo también subrayó el costo humano del proceso judicial en sí mismo. «Ninguna persona debería tener que pasar por una situación de violencia, denunciar más de cuatro veces en la Justicia, ser ignoradas, atravesar un ataque, perder su hogar y además sostener un proceso judicial que la obliga una y otra vez a revivir lo ocurrido», escribieron. La frase condensa una crítica que las organizaciones de derechos humanos vienen sosteniendo: que el sistema judicial, lejos de proteger a las víctimas de crímenes de odio, las somete a una segunda exposición al daño.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata es el órgano designado para llevar adelante el juicio, que aún no tiene fecha confirmada. La Federación Argentina LGBT+ (FALGBT) había vinculado este caso con el de Barracas y con un patrón de violencia que, según la organización, se agravó en el contexto de discursos públicos hostiles hacia la diversidad sexual. La abogada Mayra Daniela Guzmán, quien representa legalmente a la familia, exigió que el proceso se desarrolle con perspectiva de género y diversidad, y que la condena reconozca el componente de odio.
El posteo cerró con un agradecimiento a organizaciones, redes de militancia y personas cercanas que acompañaron a la familia, y con una declaración de principios: «No vamos a naturalizar la violencia ni la impunidad.»
Fuentes: posteo de @justiciaporcanuelas (Instagram, 2 de junio de 2025); Agencia Presentes (31 de enero de 2025); Argay (10 de marzo de 2026).
