La Iglesia ortodoxa rusa, con el patriarca Kirill a la cabeza, convirtió la lucha contra un inexistente «movimiento satánico internacional» en una herramienta más para hostigar identidades disidentes, mientras el Kremlin sostiene la guerra en Ucrania como una «cruzada santa» contra Occidente.
En Rusia, perseguir el satanismo dejó de ser una rareza de otras épocas para convertirse en política de Estado. El año pasado, la Justicia rusa ilegalizó un «movimiento satánico internacional» que, según reconocen incluso sectores oficialistas, no existe como tal. Bajo ese paraguas legal se multó a personas por tatuajes, se allanaron recitales de heavy metal y se prohibieron fiestas de disfraces de Halloween en distintas ciudades del país.
La cacería no tardó en cruzarse con la persecución al colectivo LGBTIQ+, ya criminalizado en Rusia desde 2023 con la ilegalización del también inexistente «movimiento LGTBI internacional». Referentes ultraconservadores, como el director de la organización fundamentalista Sorok Sorokov, y funcionarios como el diputado Andrei Kartapolov, presidente del Comité de Defensa de la Duma, equipararon públicamente la disidencia sexual con la adoración al demonio, presentándola como parte de una misma «epidemia espiritual».
El caso más grave documentado hasta ahora ocurrió en 2023, en la región de Uliánovsk, cuando un médico fue detenido y acusado simultáneamente de integrar el «movimiento LGTBI» y el «movimiento satánico». Según los servicios secretos rusos, el hombre habría promovido vínculos entre personas del mismo sexo como una forma de «iniciación» al culto satánico. Pese a que él y su entorno negaron los cargos, terminó condenado a tres años de prisión.
El propio patriarca Kirill amplió el foco de esta cruzada hacia tarotistas, astrólogos y videntes, a quienes acusó de ejercer un «poder diabólico» en momentos de incertidumbre económica y bélica. Una encuesta de la consultora VTsIOM, vinculada al Kremlin, mostró que más de la mitad de la población rusa consulta horóscopos o astrólogos, un dato que la cúpula eclesiástica interpreta como síntoma de una «epidemia» que necesita regulación estatal.
Esta retórica religiosa se trasladó también a la política exterior. El canciller ruso Serguéi Lavrov calificó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 como un ejemplo de «degradación moral» por la presencia de drag queens, y describió a Eurovisión —certamen del que Rusia fue excluida tras la invasión a Ucrania— como una vidriera de «satanismo descarado».
La guerra en Ucrania fue directamente enmarcada por dirigentes rusos como una batalla espiritual. El expresidente Dmitri Medvedev la definió en 2022 como un «conflicto sagrado con Satanás», mientras que el general checheno Apti Alaudínov sostuvo que el ataque a Kiev buscaba frenar un «satanismo» que amenazaba con destruir Rusia. Medios estatales como RIA Nóvosti llegaron a difundir hallazgos de supuestos «altares satánicos» en pueblos ucranianos ocupados, como prueba de esa narrativa.
Serguéi Chapnin, extrabajador del Patriarcado de Moscú, fue una de las primeras voces en advertir, ya en 2015, que el Kremlin transformaría el conflicto en una guerra santa con el respaldo eclesiástico. Según su testimonio, el propio Kirill llegó a vincular la rebelión prorrusa en el este de Ucrania con el rechazo de jóvenes locales a las marchas del Orgullo y al activismo LGTBIQ+, presentando a Rusia como «el bando de la luz» frente a un Occidente supuestamente corrompido.
Para Chapnin, el patriarca no actúa guiado por principios cristianos sino por lealtad al Estado, lo que explica su rol como uno de los ideólogos de los «valores tradicionales» que Putin adoptó como bandera. La ecuación resulta clara: bajo la excusa de combatir lo oculto, la Rusia de Putin construyó un dispositivo legal y discursivo que castiga por igual el ocultismo, la disidencia religiosa y la existencia misma de las identidades LGTBIQ+.
Fuente: Albert Sort Creus para elDiario.es
