Por San Coronato Santana, activista y militante marica, trans, no binaria, VIH+
En las últimas sesiones del Honorable Concejo Deliberante local se escuchó un argumento que, lejos de ser una novedad, empieza a consolidarse como un peligroso «sentido común de época». Se repite, casi como un libreto ensayado, que las declaraciones de interés o las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTI+ «ya cansan», que «todos somos iguales ante la ley» y que cualquier acción del Estado focalizada en estos sectores es, paradójicamente, «discriminatoria».
Este discurso, amparado en una interpretación literal y abstracta de la igualdad jurídica, adolece de un defecto fatal: está redactado desde la comodidad de un escritorio y carece por completo de territorio. Quienes sostienen que la igualdad es un punto de partida y no una meta a construir, demuestran un profundo desconocimiento —o un flagrante desinterés— por la brecha estructural de sobrevida y vulnerabilidad que separa a las personas LGBTI+ de la población cisgénero heterosexual en los barrios populares de Zárate, Lima, Escalada y la zona isleña.
Quienes pretenden reducir nuestras demandas a «modas conceptuales abstractas» o importaciones recientes ignoran —por incapacidad o conveniencia— que el devenir histórico de las demandas organizadas de nuestro colectivo tiene raíces profundas e innegables en la historia política de nuestro país. No somos una novedad de laboratorio. Estuvimos, estamos y estaremos: la genealogía de nuestra resistencia se remonta a 1969 con la fundación de la organización Nuestro Mundo —el mismo año en que el Cordobazo marcaba a fuego las luchas populares—, y se consolidó en los setenta a través de las organizaciones integrantes del Frente de Liberación Homosexual (FLH) entre 1970 y 1976. Con el retorno de la democracia, fue la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) liderada por Carlos Jáuregui en 1984 la que le puso el cuerpo a la organización institucional, seguida por Gays por los Derechos Civiles (GaysDC) a partir de 1992, impulsando la Primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbica en el país.
Esa historia de organización no se quedó en las oficinas porteñas; mutó y echó raíces en el barro y en la urgencia de la sobrevida. Desde CABA con la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) de Lohana Berkins, hasta el corazón barrial y popular de La Matanza en nuestra provincia con Amancay Diana Sacayán, el activismo travesti-trans demostró que la lucha por los derechos humanos es, fundamentalmente, una lucha por las condiciones materiales de existencia.
Los relevamientos nacionales y provinciales arrojan números que queman y sacan el debate de cualquier abstracción teórica: la expectativa de vida de las personas travestis y trans en Argentina sigue estancada entre los 35 y 40 años, menos de la mitad de la expectativa de la población general cis-heterosexual, que supera los 75 años. No estamos discutiendo semántica en un recinto; estamos hablando de una brecha de sobrevida de cuatro décadas. El Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTIQA+ demostró que más del 80% de las personas trans no acceden a un empleo formal, dependiendo de la informalidad para subsistir, mientras que más del 60% interrumpe sus estudios secundarios debido a entornos hostiles. Cuando el Estado se retira bajo la falsa premisa de la neutralidad, lo único que hace es consagrar y profundizar esta violencia estructural.
El mito de los «privilegios» desmentido por los datos oficiales. Los resultados del Primer Relevamiento Nacional (2023) demuestran que el 84% de las personas de la diversidad sexual y genérica no recibía planes de empleo ni prestaciones sociales directas del Estado. Lejos de vivir en una situación de ventaja, las mujeres travesti/trans son quienes enfrentan la mayor vulnerabilidad habitacional y económica: un 35,1% no logra cubrir los gastos mínimos del hogar (Gráfico 23) y un 43,3% debió recurrir a préstamos para subsistir en el último año. El Cupo Laboral Travesti Trans no es un «privilegio», sino una política de reparación urgente frente a una exclusión estructural que condena a la indigencia.
Exclusión del mercado laboral formal (Gráfico 16). Casi un 40% de las mujeres y feminidades trans y un 30% de los varones trans reportan haber sido desestimades o despedides de sus empleos en los últimos 12 meses debido a su identidad de género.
Esta realidad ha impulsado la descentralización del Orgullo a lo largo y ancho de la provincia. La organización territorial ya no es exclusividad del AMBA; se replica y florece en las marchas del interior bonaerense, en distritos con un fuerte perfil industrial, portuario y con realidades urbanas y rurales sumamente similares a las de Zárate, como Campana, San Pedro, San Nicolás, Mar del Plata o Bahía Blanca. En todas estas localidades, les vecines se organizan para exigir lo mismo: que el Estado local esté a la altura de la historia.
Por eso, el verdadero problema de la representación política actual en el distrito no es sólo la crueldad discursiva de algunos sectores, sino la total ineficacia de las respuestas institucionales. Mientras unos usan el recinto para derramar prejuicios de época, otros solo pueden, saben o quieren conformarse con la comodidad del proyecto declarativo. Pero la vida y la muerte de les vecines de los barrios populares no cambian con una palmada en la espalda ni con una declaración de interés que se archiva al día siguiente de la sesión.
El despropósito de este «sentido común» de época es aún más flagrante cuando se revisa la propia historia institucional reciente de nuestro partido. No estamos trayendo un debate ajeno: en el año 2023, este mismo Honorable Concejo Deliberante aprobó la declaración de interés municipal para la primera Marcha del Orgullo LGBTINB+ de Zárate. Lejos de ser un hecho aislado o un capricho pasajero, esa legitimación institucional acompañó un proceso de organización popular que continuó creciendo, tejiendo redes en los barrios y sosteniéndose activamente hasta este año 2026. Venir a sostener hoy en el recinto que estos proyectos «ya cansan» o que «discriminan» no solo es un acto de crueldad discursiva; es una alarmante muestra de amnesia legislativa y un retroceso político que pretende borrar de un plumazo los consensos democráticos que la propia comunidad zarateña ya conquistó en la calle y en las actas de este Concejo.
El desafío político urgente en nuestro distrito, en la región y en toda la provincia no es discutir si existimos o si merecemos los mismos derechos; ese consenso social ya se construyó en las calles y en las leyes nacionales. El debate real que debemos dar es el de la efectividad. Necesitamos pasar de la efeméride abstracta al control presupuestario, a la ordenanza de cumplimiento ejecutivo y a la fiscalización de las partidas asignadas.
Frente al sentido común de la crueldad y la indiferencia, la respuesta no puede ser el mero simbolismo. Debemos exigir una política pública con despliegue operativo, presupuesto real y perspectiva territorial, que entienda que la verdadera igualdad no se proclama en un artículo constitucional: se gestiona, se financia y se garantiza en cada rincón de nuestro territorio para que el orgullo deje de ser una declaración de interés y pase a ser, de una vez por todas, un derecho a la vida.
