El desmarque de las fuerzas moderadas empuja una nueva derrota de la oposición contra un secretario de Estado. La intención de la derecha política estaba motivada por las políticas de género llevadas adelante por Marco Ávila en el ministerio educativo.
El Congreso chileno rechazó este miércoles la acusación constitucional presentada por la oposición contra Marco Antonio Ávila, ministro de Educación del presidente Gabriel Boric. Una serie de declaraciones homófobas contra el líder de la cartera le restaron apoyos al libelo de las bancadas más moderadas.
La derecha tradicional y la extrema derecha votaron en bloque a favor de destituir al secretario de Estado por infringir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el incumplimiento de sus responsabilidades para hacer frente a la “profunda crisis educativa”. Con 78 votos en contra y 69 a favor, el libelo fue desestimado en la Cámara de Diputados y Diputadas. En cuatro de los siete capítulos de la acusación se hacía referencias a las políticas de género o educación sexual.
La acusación presentada por 10 parlamentarios conservadores tomó vuelo en el Congreso hasta que uno de los invitados a declarar ante la comisión fue Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano.
La exportavoz del llamado Bus de la libertad, traído a Chile en 2017 por la organización española ultracatólica Hazte Oír, sostuvo en su exposición: “Su activismo LGTBIQ+ [el del ministro] y su condición ha superado el límite de lo privado”. Aranda asistió a la comisión en el cupo de invitados del partido de derecha tradicional, Renovación Nacional (RN). Sus declaraciones, catalogadas de homófobas por La Moneda y organizaciones LGTBIQ+, hicieron retroceder a los congresistas de Evópoli (centroderecha) y de la Democracia Cristiana (partido de centroizquierda que no es parte del Gobierno), quienes estaban evaluando si votar a favor de destituir al ministro Ávila. El voto en contra de ambas formaciones fue clave para el triunfo del oficialismo.
No dejar gobernar
Esta es la cuarta acusación constitucional presentada por la oposición que fracasa en su intento de destituir e inhabilitar de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años a algún miembro actual o antiguo de la Administración de Boric.
