Un informe de la Red Sin Violencia LGBTIQ+ reveló que el país concentra más de la mitad de los crímenes documentados en nueve naciones de América Latina, con un marcado patrón de ensañamiento en espacios públicos.
Entre 2022 y 2025, Colombia se consolidó como el foco más crítico de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT). Según el relevamiento, de los 137 asesinatos registrados en nueve países latinoamericanos, 68 ocurrieron en territorio colombiano. Esta cifra supera ampliamente los reportes de naciones como México, Ecuador o Perú, y puso en alerta a las organizaciones sociales por la brutalidad sistemática de los ataques.
La investigación destacó que la mayoría de estos crímenes sucedió en la vía pública, funcionando como un mensaje de control social. Los casos de Luisa Fernanda Parra, asesinada en Bogotá mientras caminaba de la mano con su novia, y el de Emy Britto, atacada en un comercio de Riohacha, ilustran esta modalidad. Los agresores buscaron visibilidad para castigar la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas a plena luz del día.
Uno de los hechos que más conmovió a la opinión pública fue el de Sara Millerey en Antioquia. La joven trans de 32 años recibió una paliza brutal y la tiraron a un río mientras los testigos grababan la escena sin intervenir. Para los expertos, este nivel de ensañamiento y la posterior viralización de los videos confirman una «violencia por prejuicio» que intenta borrar la identidad de las mujeres diversas a través del terror.
El informe también denunció que estos homicidios suelen estar vinculados al ataque contra la autonomía afectiva. Muchos de los agresores fueron exparejas o personas que rechazaban la libertad de las víctimas para elegir sus vínculos emocionales. En este contexto, la saña sobre los cuerpos y las lesiones localizadas en zonas específicas reforzaron la hipótesis de una violencia disciplinadora que va más allá del simple asesinato.
A pesar de la gravedad de las cifras, la impunidad es la norma: de los 137 casos documentados en la región, solo dos terminaron en condena. La Red Sin Violencia advirtió que existe un subregistro enorme debido a la falta de mecanismos estatales para clasificar estos crímenes. Muchas veces, la Justicia no tuvo en cuenta la orientación sexual de las víctimas, lo que dificultó el avance de las investigaciones y el acceso a la verdad.
Finalmente, el documento planteó que la alta concentración de casos en Colombia podría deberse a un trabajo de monitoreo más riguroso de las organizaciones locales frente al silencio estatal en otros países. La conclusión fue urgente: es necesario reconocer estos asesinatos como una forma específica de violencia de género para frenar la escalada de odio que hoy pone a Colombia a la cabeza de las estadísticas regionales.
