Se dispuso nombrar ‘Octavio Romero’ a la resolución que elimina la solicitud y autorización para contraer matrimonio como requisito previo. El cuerpo de Romero apareció a orillas del Río de la Plata en 2011, meses después de anunciar su casamiento y en el marco de denuncias por hostigamiento en su trabajo.
“En homenaje a Octavio Romero y a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido discriminados por su orientación sexual”, indica el comunicado publicado en el Boletín Oficial del 10 de mayo.
El homo odio dentro de Prefectura
Octavio iba a ser el primer uniformado del país en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo. Poco tiempo después de hacerlo público en su trabajo -y luego de ser hostigado al respecto- apareció muerto en el río, a la altura de Costanera Norte y con signos de violencia física.
Asesinado y flotando en el mismísimo territorio político de la Prefectura.
Cuando Gabriel Gersbach denunció la ausencia de su novio en una comisaría porteña, días antes de que apareciera el cuerpo, detrás suyo estaban los dos jefes de Octavio, en claro signo de persecución y amenaza. Esos dos superiores fueron oportunamente trasladados a otras dependencias de la fuerza en el país. A partir de entonces, el derrotero judicial deviene inenarrable: violencia institucional, maltratos y omisiones. Una causa siempre detenida y un clamor que iba cediendo con el paso del tiempo
Solución amistosa
Tras once años de completa inacción judicial y por un acuerdo impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen homofóbico de Octavio Romero, prefecto asesinado en junio de 2011 tras informarle a sus superiores de esa fuerza que iba casarse con su novio, alcanzó en septiembre de 2022 un reconocimiento oficial.
Un hecho histórico para la historia de la diversidad sexual de la Argentina: la firma de una “solución amistosa” entre Gabriel Gersbach, pareja de la víctima, el organismo internacional con sede en Costa Rica, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Igualdad y la República Argentina, vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La firma de este acuerdo implicó el reconocimiento abierto de la impunidad estatal sostenida durante más de una década y promueve así acciones reparatorias para las víctimas -Romero y su pareja-, protagonistas de una historia estremecedora un año después de sancionada la ley de matrimonio igualitario, cuando aún las Fuerzas de Seguridad se reservaban el “derecho interno” de aprobar o no las uniones legales de sus miembros.
Fuente: Franco Torchia en Infobae y redacción
