El miércoles 26 por la noche, la policía de Salta detuvo a Fernanda, una mujer trans de 34 años, en la ciudad de Rosario de Lerma. El motivo alegado fue una contravención menor: «ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública». Lo que comenzó como un procedimiento policial rutinario en la Comisaría N° 2 terminó de la peor manera: menos de dos horas después, notificaron su muerte.
La versión oficial, comunicada por la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, sostiene que Fernanda intentó quitarse la vida con una remera dentro de la celda. Según el relato de los uniformados, descubrieron la situación justo en el momento en que se disponían a comunicarle su liberación. Pese a que indicaron haber realizado maniobras de RCP y el traslado de urgencia al hospital local a las 21:48, los médicos confirmaron su fallecimiento a las 22:15.
Este desenlace enciende, una vez más, las alarmas sobre la violencia institucional y el trato a las diversidades por parte de las fuerzas de seguridad. Que una persona ingrese a una dependencia estatal por una falta administrativa y salga sin vida obliga a una investigación exhaustiva que no se quede solo con la versión policial, descartando cualquier tipo de negligencia o violencia directa dentro del calabozo.
El contexto en la provincia es crítico. Salta mantiene históricamente una de las tasas más altas de transfemicidios y travesticidios del país en relación con su población. Según datos de observatorios nacionales y locales, la provincia del norte figura recurrentemente entre los distritos con mayor violencia letal hacia el colectivo, donde la discriminación estructural y la persecución policial son denuncias constantes de las organizaciones activistas.
A nivel nacional, la realidad no es muy distinta. La expectativa de vida de las mujeres trans y travestis en Argentina sigue rondando los 35 a 40 años, producto de un sistema que expulsa y violenta. Los informes anuales de crímenes de odio indican que una gran cantidad de estas muertes son evitables y ocurren en contextos de extrema vulnerabilidad o bajo la tutela del Estado.
La UFEM lleva adelante la causa, pero las organizaciones de la diversidad exigen que se apliquen los protocolos de investigación de transfemicidios desde el minuto cero. Es imperativo esclarecer qué pasó realmente en esa celda de Rosario de Lerma.
