El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ ha publicado su informe anual correspondiente al año 2024, revelando un preocupante aumento en la violencia y discriminación hacia la comunidad LGBT+ en Argentina.

Durante 2024, aumentaron los crímenes de odio en el país

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ publicó su informe anual correspondiente al año 2024, revelando un preocupante aumento en la violencia y discriminación hacia la comunidad LGBT+ en Argentina.

El informe detalla un total de 140 crímenes de odio registrados en 2024, lo que representa un incremento en comparación con años anteriores. El 48% de estos crímenes resultaron en la muerte de la víctima, mientras que el 52% involucraron violencia física. Las mujeres trans son las principales víctimas de estos crímenes, representando el 64% del total de casos.

El informe también destaca que el 52% de los crímenes de odio fueron cometidos por particulares, mientras que el 46% fueron perpetrados por el Estado o sus agentes, lo que se conoce como violencia institucional. Además, se observa un aumento en la brutalidad de los ataques, con un incremento en el uso de golpes y métodos de tortura.

El informe también señala que el gobierno actual ha desmantelado políticas públicas destinadas a proteger a la comunidad LGBT+, lo que ha contribuido a un clima de impunidad y persecución. Además, se destaca la preocupación por los discursos de odio provenientes de funcionarios públicos y grupos extremistas, que legitiman la violencia hacia la diversidad sexual.

Recomendaciones:

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ emite una serie de recomendaciones al Estado argentino, incluyendo la reapertura del INADI, la creación de un Ministerio de la Igualdad, el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans, la aprobación de una Ley Integral para Personas Trans, la modificación de la Ley de Actos Discriminatorios, la implementación de un Plan Nacional contra los Discursos de Odio, la aplicación obligatoria de la Ley de Educación Sexual Integral, la reactivación y fortalecimiento de programas de salud y vivienda para personas LGBT+, y la articulación con organismos internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

El informe concluye con un llamado a la acción por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para proteger los derechos de la comunidad LGBT+ y erradicar la discriminación y la violencia.

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