El último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ revela un alarmante aumento de la violencia contra la comunidad en 2024, con 140 casos registrados. El desmantelamiento de políticas públicas y los discursos de odio desde el poder político son señalados como catalizadores de esta escalada.
La comunidad LGBTIQ+ en Argentina enfrenta un panorama cada vez más sombrío. El informe anual 2024 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, una iniciativa conjunta de la Defensoría LGBT, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, ha encendido todas las alarmas: se registraron 140 crímenes de odio en el último año, la cifra más alta desde que se inició el relevamiento en 2016. Este número, que es solo un subregistro de la realidad, evidencia una preocupante intensificación de la violencia.
LA ESCALADA DEL ODIO EN ARGENTINA
Radiografía de los Crímenes de Odio contra la Comunidad LGBTIQ+ en 2024
Un análisis visual basado en el Informe 2024 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que revela un alarmante incremento de la violencia y el impacto devastador del desmantelamiento de políticas públicas y la proliferación de discursos de odio.
Crímenes de odio registrados en 2024
Esta cifra, un subregistro de la realidad, marca el número más alto desde que el Observatorio comenzó sus mediciones, evidenciando una tendencia en alza y una crisis de violencia que no se detiene.
Distribución de Víctimas por Identidad
Las mujeres trans continúan siendo el grupo más afectado, representando el 64% de las víctimas. Esta desproporción alarmante subraya la brutalidad y saña específicas de la violencia transfóbica en el país.
Derechos Lesionados
En 2024, casi la mitad de los crímenes de odio atentaron contra el derecho a la vida. El 52% restante implicó violencia física directa, mostrando que la agresión es una constante en la vida de la comunidad.
Anatomía de la Violencia Letal
Dentro de los ataques al derecho a la vida, la violencia estructural (muertes por falta de acceso a salud, vivienda y trabajo) sigue siendo la causa principal, pero los asesinatos directos y suicidios han aumentado dramáticamente.
Tipos de Lesiones al Derecho a la Vida
Víctimas Fatales por Identidad
Las mujeres trans representan un devastador 87% de las víctimas fatales. La violencia estructural es un asesino silencioso, resultado de la exclusión sistemática que les niega derechos básicos y reduce su esperanza de vida a tan solo 35-41 años.
Modalidad de los Crímenes
Por primera vez, los golpes directos superan a la violencia estructural como la modalidad más frecuente. Esto, junto al aumento de ataques en la vía pública, indica una peligrosa normalización de la agresión física y una mayor audacia de los perpetradores.
¿Quiénes son los Agresores?
Si bien la mayoría de los agresores son particulares, es alarmante que el Estado sea responsable del 46% de los crímenes, con un 12% perpetrado directamente por fuerzas de seguridad. La institución que debe proteger es también una fuente principal de violencia.
Geografía del Odio: Crímenes por Jurisdicción
La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentran la mayoría de los casos reportados. Sin embargo, el subregistro en otras provincias es significativo, ocultando la verdadera dimensión nacional del problema.
Una Crisis que se Agrava
El número de crímenes de odio ha aumentado año tras año. Esta línea ascendente es el reflejo directo de la ausencia de políticas públicas efectivas y de un clima social y político que habilita y legitima la violencia.
El Contexto que Alimenta el Odio
La violencia no surge en el vacío. El desmantelamiento de la institucionalidad y la promoción de discursos de odio desde el poder político han creado un «clima de impunidad» que se traduce en agresiones reales.
Disolución del INADI y Ministerios Clave
Se elimina el principal organismo para denunciar la discriminación y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dejando a la comunidad sin canales institucionales de protección y reparación. El Estado se retira de su rol protector.
Incumplimiento del Cupo Laboral Trans
Despidos masivos y el no cumplimiento del Decreto 721/2020 empujan a la comunidad trans a una mayor precarización, reforzando la violencia estructural que es causa principal de muerte.
Discursos de Odio desde el Poder
Declaraciones presidenciales que niegan identidades trans y califican la lucha por los derechos como un «virus mental» legitiman la violencia. La retórica se convierte en un permiso social para agredir, como demuestra la denuncia penal de la FALGBT+ contra el presidente.
Ataque a la Ley de Identidad de Género
El DNU 62/2025, aunque declarado inconstitucional, representa un ataque directo a los derechos de las infancias y adolescencias trans, buscando revertir conquistas históricas y negar el derecho a la identidad.
Las Cifras del Horror y la Vulnerabilidad Trans
Los datos son contundentes. Del total de víctimas en 2024, el 64% fueron mujeres trans , un grupo que sigue siendo el blanco principal de la violencia más brutal y sañosa. La esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina, que oscila entre los 35.5 y 41.25 años, frente a los 75 años de las personas cis, es un trágico reflejo de esta realidad.
Casi la mitad de estos crímenes (48%) atentaron contra el derecho a la vida, incluyendo asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios. De las víctimas fatales, un devastador 87% eran mujeres trans. La modalidad de agresión también ha cambiado: por primera vez, los golpes directos (35%) superaron a la violencia estructural como la forma más frecuente de ataque, y el 35% de los crímenes ocurrieron en la vía pública. Esto sugiere una peligrosa normalización de la agresión física y una mayor audacia de los perpetradores en los espacios cotidianos.
El Estado: ¿Protector o Agresor?
Un dato escalofriante del informe es la autoría de las agresiones. Si bien el 52% de los crímenes fueron cometidos por particulares, un alarmante 46% fueron perpetrados por el propio Estado, con un 12% directamente a cargo de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función. Esto revela una contradicción fundamental: la entidad encargada de proteger a la ciudadanía está, en muchos casos, dañando activamente a la comunidad LGBTIQ+.
Este escenario se agrava por el sistemático desmantelamiento de políticas públicas por parte del gobierno actual. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha dejado a la comunidad sin canales institucionales cruciales para denunciar y buscar reparación. A esto se suma el incumplimiento del Cupo Laboral Travesti-Trans, con despidos masivos que empujan a muchas personas trans a la precarización y la economía informal. Los recortes presupuestarios en programas de salud, como el de VIH y el acceso a tratamientos hormonales, también vulneran derechos adquiridos y ponen en riesgo vidas.
Discursos de Odio: La Semilla de la Violencia
El informe subraya que la violencia no surge en el vacío. Los discursos de odio promovidos desde las más altas esferas del gobierno han creado un «clima de impunidad» que legitima y alienta la agresión. Declaraciones como la del Presidente Milei en Davos, donde afirmó que el «virus mental de la ideología woke» debía ser «extirpado», no solo criminalizan la lucha por los derechos LGBTIQ+, sino que abren la puerta a la violencia sistemática.
La aparición de grupos como el «Brazo Armado Libertario», que se autodenomina la «guardia pretoriana» del presidente y ha anunciado su intención de «exterminar a las cucarachas progresistas» , es una manifestación tangible de cómo la retórica oficial se traduce en estructuras de violencia organizada. Ante esta situación, la FALGBT+ presentó una denuncia penal contra el Presidente Milei por incitación al odio, amenazas e intimidación pública en enero de 2025.
Un ejemplo claro de este ataque legislativo es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, dictado en febrero de 2025, que buscaba prohibir los tratamientos de afirmación de género para menores de 18 años y excluirlos del Plan Médico Obligatorio para adultos. Afortunadamente, este DNU ha sido declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Paraná y un juzgado de CABA, un freno judicial crucial ante el intento de revertir derechos fundamentales.
Precedentes Judiciales y un Llamado Urgente
A pesar del contexto adverso, la justicia argentina ha comenzado a sentar precedentes importantes. El fallo en el caso de Tehuel de la Torre en agosto de 2024, que condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género de un varón trans, fue histórico al visibilizar la violencia que también sufren los varones trans. De igual manera, la condena al agresor de Grindr en diciembre de 2024, que reconoció la orientación sexual de las víctimas como un factor determinante en el delito, marcó un hito en la aplicación del agravante por odio a la identidad sexual para hombres gay.
Estos fallos, aunque significativos, también revelan la invisibilidad histórica y la sub-persecución de ciertas formas de violencia anti-LGBTIQ+ que durante años fueron catalogadas como «delitos comunes». La situación en Argentina no es un caso aislado; se enmarca en una tendencia regional alarmante de aumento de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe.
Es imperativo que el Estado argentino asuma su responsabilidad. La erradicación de la discriminación y la garantía de una vida libre de violencia para todas las personas LGBTIQ+ no pueden depender únicamente del activismo. Se necesitan políticas públicas efectivas, una reforma legal que subsane los vacíos de la Ley Antidiscriminatoria, y un compromiso real del sistema judicial y la sociedad civil para frenar esta escalada de odio y asegurar la igualdad y la dignidad para todes.
