El Comité CEDAW de las Naciones Unidas lanzó una advertencia urgente ante el desmantelamiento de políticas de género y los recortes presupuestarios drásticos del gobierno de Javier Milei. La falta de asistencia a víctimas y el vaciamiento de programas de salud reproductiva ponen al país en una situación crítica de cara a este 8 de marzo.
Argentina llega a este Día Internacional de la Mujer en medio de un fuerte cruce institucional. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU manifestó una «seria preocupación» por la degradación de derechos en el país. El organismo internacional concluyó que la disolución del Ministerio de las Mujeres provocó una fragmentación estatal que dejó a las ciudadanas sin una protección jurídica clara y coordinada.
El ajuste económico golpeó de lleno a la arquitectura de igualdad. Según datos de ELA y ACIJ, las políticas de género perdieron el 89% de su presupuesto real para este 2026. Esta asfixia financiera no solo vació las leyes vigentes, sino que eliminó medidas de acción afirmativa que el Estado debe garantizar por jerarquía constitucional. La «igualdad ante la ley» que pregona el Ejecutivo funciona hoy como una excusa para retirar recursos esenciales.
La situación de violencia de género alcanzó niveles alarmantes. El Programa Acompañar, clave para la autonomía de las víctimas, sufrió un recorte del 90% en su ejecución y bajó su asistencia de 6 a 3 meses. En paralelo, la Línea 144 redujo su operatividad a un tercio de lo que cubría en 2023. Mientras tanto, la realidad es letal: en Argentina se cometió un femicidio cada 35 horas durante el último año, y en el 86% de los casos el agresor pertenecía al entorno íntimo.
En el plano económico, la pobreza tiene rostro de mujer: 7 de cada 10 hogares monomarentales están bajo la línea de indigencia o pobreza. La brecha salarial se profundizó por la desigual carga de tareas de cuidado; las mujeres dedican más de 6 horas diarias a estos trabajos no remunerados, el doble que los varones. Sin un Ministerio que defienda sus necesidades, la informalidad laboral alcanzó al 43,3% de las jefas de hogar asalariadas.
La salud reproductiva también entró en zona de riesgo. El Plan ENIA, que redujo el embarazo adolescente a la mitad en años anteriores, sufrió una caída presupuestaria del 85%. Además, el faltante de insumos críticos como misoprostol y mifepristona configura un incumplimiento fáctico de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El debilitamiento de la formación obligatoria que exige la Ley Micaela agravó la falta de perspectiva de género en la justicia.
Argentina quedó ahora bajo un régimen de monitoreo especial de la ONU y tiene dos años para informar qué medidas tomó para revertir estos indicadores. Este 8 de marzo la sociedad civil se moviliza para recordar que el progreso en derechos humanos no es una concesión del gobierno de turno, sino un compromiso soberano que no permitirán desmantelar.
