En el Día Internacional de los Derechos Humanos, diversas organizaciones y activistas alertaron sobre un alarmante crecimiento en la violencia policial dirigida a la comunidad LGTTTBIQNB+ en Argentina durante 2025. Los firmantes de la declaración, entre ellos la Asamblea de Disidencias Sexuales Córdoba, sostienen que los ataques y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad están en aumento, generando un profundo retroceso en la restauración democrática del país.
Esta escalada, denuncian, encuentra un aval en los discursos de odio emitidos desde el Ejecutivo nacional y sus comunicadores. La declaración subraya que la alianza de gobernadores provinciales con el gobierno central refuerza este mensaje, haciendo que las fuerzas de seguridad a nivel provincial también se sientan respaldadas para ejercer violencia. El Observatorio de la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays Bisexuales y Trans) indicó en su informe semestral de 2025 un incremento del 70% en crímenes de odio, con una marcada participación policial en muchos de ellos.
Los hechos recientes son dramáticos y ejemplifican la gravedad de la situación. Se mencionan los casos de Fernanda Daniela Arias (mujer trans, 34) en Rosario de Lerma, Salta, quien murió en una comisaría con circunstancias dudosas, y el de Samuel Tobares en Villa Carlos Paz, Córdoba, asesinado a golpes por policías que le gritaban «puto de mierda». En ambos casos, las organizaciones advierten sobre la intencionalidad de odio detrás de los crímenes.
Otro caso que visibiliza esta violencia institucional ocurrió en la Cárcel de Bower (Córdoba), donde un varón trans fue encerrado y golpeado sistemáticamente por diez mujeres guardiacárceles. También se señala el atropello y abandono de la fotógrafa trans Treinti por un patrullero en La Matanza, Buenos Aires, que terminó en su muerte. Estos crímenes exponen la persistente vulnerabilidad y el regreso a un modus operandi similar a la época de los edictos policiales, con detenciones arbitrarias y abusos en la vía pública.
Las organizaciones concluyen que estos ataques son parte de una violencia institucional más amplia que se ejerce contra protestas, vendedores ambulantes, juventudes y cualquier grupo que cuestione las medidas económicas y sociales regresivas impulsadas desde el gobierno. Por ello, convocan a todas las personas y organizaciones de derechos humanos a adherir a su solicitud para exponer y frenar este clima sostenido de violencia y represión.
