Acusaciones sin pruebas, una fuente dudosa y un ataque a las personas trans: el caso que sacude desde la televisión argentina revela cómo el sensacionalismo y el transodio se alimentan de narrativas peligrosas.
Un nuevo escándalo mediático sacude la televisión argentina tras las acusaciones de Viviana Canosa, quien vinculó a Lizy Tagliani con una supuesta red de trata y pedofilia. Según la periodista Maby Sosa (Diario Tiempo argentino), Canosa afirmó tener pruebas de esta red, presentándose en Comodoro Py para denunciarlo, pero luego matizó sus dichos, sin confirmar ni desmentir la implicación de la conductora de Telefe. Este caso, lejos de ser una simple polémica entre figuras públicas, pone en el centro la criminalización de personas trans y la difusión de noticias falsas desde fuentes cuestionables.
El origen de las acusaciones de Canosa se remonta a una supuesta anécdota de robo que escaló hasta señalamientos graves contra Tagliani, la panelista Costa y otros nombres de la televisión, sin mencionar a personas heterocis. En los medios, Lizy Tagliani se defendió con firmeza: “Nunca en mi vida toqué un menor de edad. Van a tener que demostrar todos los delitos de los que se me acusan”. La periodista destaca que estas acusaciones refuerzan un prejuicio peligroso que asocia a las identidades LGBTIQ+ con la pedofilia, una narrativa que también ha sido promovida por figuras como el presidente Javier Milei.
La fuente turbia detrás de las acusaciones
El punto más alarmante, según Sosa, es la fuente de las afirmaciones de Canosa: Timmy Ballard, líder de Operation Underground Railroad (O.U.R.), una organización que dice combatir la trata infantil. Ballard, conocido por la película Sonidos de Libertad, producida por Eduardo Verástegui, enfrenta más de 20 denuncias por abuso sexual y acusaciones de fabricar casos para recaudar fondos. Data Clave reveló que O.U.R. recaudó cerca de 50 millones de dólares en menos de una década, mientras que Ballard mantiene nexos con La Libertad Avanza, habiendo firmado un acuerdo con Milei y Victoria Villarruel en 2023 para “luchar contra la trata”. Esta conexión pone en duda la veracidad de las pruebas que Canosa dice poseer.
El discurso de Canosa no es un hecho aislado. Sosa subraya que la conductora tiene un historial de comentarios transfóbicos, como cuando en una entrevista a Traniela, una mujer trans, hizo alusión a “no esconder el bulto”, perpetuando la confusión entre sexo y género. Flor de la V, en Los profesionales de siempre, señaló que estas acusaciones son parte de un patrón de violencia contra las personas trans, recordando cómo fue atacada al decidir ser madre. “Nos cuestionan cosas que a otros no. Ocupamos este lugar porque la gente nos eligió”, afirmó.
Franco Torchia, en El diario de Mariana, calificó como “gravísima” la asociación entre identidades LGBTIQ+ y pedofilia, instando a desactivar este prejuicio. La denuncia de Canosa, presentada ante el fiscal Carlos Stornelli, permanece bajo secreto de sumario, y según fuentes judiciales, no hay certeza de que Tagliani esté incluida en la lista de implicados. En una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, Canosa y su abogado, Juan Manuel Dragani, evitaron aclarar la situación, escudándose en el “juego mediático” y el secreto judicial.
La ambigüedad de Canosa, quien primero acusó y luego retrocedió sin claridad, ha generado un daño significativo. Lizy Tagliani, Costa y otras figuras trans han sido blanco de una narrativa que, según Sosa, busca deslegitimar sus logros y perpetuar el odio. La sociedad, como señaló Flor de la V, no puede retroceder en derechos conquistados, y casos como este evidencian la necesidad de cuestionar las fuentes de información que alimentan el sensacionalismo.
Acciones judiciales para una persona agraviada en Argentina
En Argentina, una persona agraviada por difamación o injurias, como en el caso de Tagliani, puede iniciar acciones legales bajo el Código Penal. Los artículos 109 y 110 contemplan penas por calumnias e injurias, que incluyen la difusión de acusaciones falsas que afecten el honor. Además, se puede recurrir a una demanda civil por daños y perjuicios, exigiendo una reparación económica y una retractación pública. La víctima debe presentar pruebas de la falsedad de las acusaciones y el daño causado, y es recomendable contar con asesoramiento legal para evaluar la viabilidad de la denuncia, especialmente en casos de alto perfil mediático como este.
Este escándalo, alimentado por una fuente dudosa como Ballard y amplificado por Canosa, no solo daña reputaciones individuales, sino que refuerza estigmas contra las personas trans. La justicia y la sociedad enfrentan el desafío de frenar estas narrativas de odio y garantizar que la verdad prevalezca sobre el sensacionalismo.
