El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que obliga a todos los Estados miembro a reconocer el matrimonio igualitario celebrado en otro país del bloque. El fallo impone, por carambola, el reconocimiento de facto de estas uniones, incluso en naciones cuya legislación interna las rechaza. La decisión surgió del caso de dos polacos casados en Alemania a quienes se les negaba la transcripción de su certificado marital en Varsovia, algo que el TJUE consideró contrario a la libertad de circulación y al derecho a la vida privada y familiar dentro de la Unión.
Esta resolución marca un quiebre político, moral y cultural entre los Veintisiete, obligando a los gobiernos más conservadores a un reconocimiento que roza lo revolucionario. El revés es directo para los que rechazan frontalmente el matrimonio igualitario: Polonia y Hungría. La UE no les exige modificar su ordenamiento jurídico, pero si un Estado debe reconocer los efectos plenos de la unión —residencia, herencias, derechos familiares—, el matrimonio igualitario existe de facto en su territorio.
El origen polaco del caso no es casual. Pese al reciente cambio de gobierno a una línea más proeuropea, el país sigue con un bloqueo institucional. El presidente de la República mantiene intacta su capacidad de veto, lo que convierte cualquier reforma legal profunda en una misión imposible. Así, Polonia queda atrapada en una contradicción inédita: deberá reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero, mientras que su ley nacional los sigue negando.
La situación en Hungría es aún más tensa. El primer ministro, Viktor Orban, blindó en la Constitución la prohibición expresa del matrimonio homosexual y convirtió la defensa de la “familia tradicional” en pilar de su proyecto político, incluso con leyes restrictivas contra la visibilidad LGBTQI+. La sentencia de Luxemburgo es un golpe simbólico de enorme calado y ejerce presión europea sobre un gobierno que ya había recibido advertencias internas de su propio Tribunal Constitucional sobre la falta de un mecanismo de reconocimiento para uniones extranjeras.
Aunque las cifras de apoyo al matrimonio igualitario rondan apenas el 40% en Polonia y el 30% en Hungría, esta sentencia da un peso político distinto a millones de ciudadanos, especialmente de cara a elecciones. La decisión también generó inquietud en otros países con definiciones constitucionales restrictivas, como Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, donde el rechazo se apoya en el conservadurismo social y la tradición religiosa.
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