La violenta represión policial contra manifestantes ambientalistas en Mendoza generó un enérgico y transversal repudio, con un énfasis particular por parte de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTTIQNBA+. El colectivo se solidarizó con lxs defensorxs del agua y calificó el accionar del Gobierno de Alfredo Cornejo como un “grave ataque a los derechos humanos y al libre ejercicio ciudadano”, alineando su postura con la denuncia de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP).
El eje de la denuncia del Orgullo mendocino es político y ecológico: «Sin biodiversidad no hay diversidad», afirmó la comisión. Subrayó que la defensa del agua y de los bienes comunes «es inseparable de la defensa de nuestras vidas y derechos como colectivo LGBTTIQNBA+», por lo que expresaron solidaridad plena con quienes se manifestaban en defensa del recurso hídrico, muchos de ellxs, parte de la diversidad.
La organización hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad específica dentro del operativo policial. Entre lxs detenidxs por protestar, se confirmó la aprehensión de dos personas trans, y una de ellas fue supuestamente golpeada y discriminada. Por ello, la Marcha del Orgullo exige al Estado provincial la garantía inmediata de su integridad física y un «trato digno» de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 26.743 de Identidad de Género, reclamando el respeto de las identidades «sin caer en binarismos fuera de la ley».
El comunicado se emitió en respuesta al operativo que AMPAP denunció como desmedido contra una concentración pacífica, mientras que la vicegobernadora Hebe Casado sostuvo en redes sociales que «El orden público no se negocia» y que «sobre los violentos caerá todo el peso de la ley». Esta postura contrasta con la denuncia de agresiones físicas, lesiones y encarcelamientos que las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos califican como arbitrarios.
El mensaje de la Comisión Organizadora no solo exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas, sino que también contextualiza la represión como un patrón de la gestión provincial. Señaló que este accionar «se posiciona como un modus operandi de gobiernos radicales» en Mendoza, recordando episodios de represión en 2018 y 2019 contra movimientos sociales. La conclusión del colectivo fue contundente: «Ningún reclamo social puede ser respondido con violencia estatal. La protesta es un derecho, NO UN DELITO».
