El caso de Leonardo Hatanaka contra la farmacéutica Sanofi llega a diciembre de 2025 consolidado como un litigio testigo sobre la discriminación laboral y la paternidad en parejas del mismo sexo. Tras casi tres años de conflicto, la atención está puesta en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, que debe resolver un recurso de inconstitucionalidad clave tras la revocación de la medida cautelar que inicialmente ordenaba su reincorporación.
La controversia se originó en febrero de 2023, cuando Hatanaka fue despedido apenas doce días después de notificar formalmente que sería padre mediante gestación subrogada y que se tomaría la licencia parental de seis meses que la empresa promocionaba. Mientras Sanofi alegó una repentina baja en su rendimiento, el afectado denunció una represalia directa por su orientación sexual y su proyecto familiar, lo que dio inicio a una batalla legal de escala internacional.
Durante el proceso, organismos estatales como el INADI y la Dirección General de Convivencia en la Diversidad respaldaron la postura del trabajador. Sus dictámenes confirmaron la existencia de discriminación institucional, señalando que los argumentos de la empresa sobre el desempeño surgieron sospechosamente a la par del anuncio de paternidad. Estos documentos son hoy el pilar fundamental del reclamo que busca justicia ante la máxima instancia judicial porteña.
A nivel social y jurídico, el caso sumó el apoyo de la FALGBT+ bajo la figura de Amicus Curiae, subrayando que no se trata solo de un despido, sino de un debate sobre la brecha entre el marketing de «diversidad e inclusión» de las multinacionales y sus prácticas operativas reales. La resolución del TSJ y del Ministerio Público Fiscal de Caba, pendiente desde marzo, marcará un precedente sobre hasta qué punto el Estado protege los derechos parentales frente al poder corporativo.
Para Hatanaka, quien continúa la disputa mientras cría a su hijo Matteo, la persistencia de la empresa en no reconocer los fallos administrativos revela una falta de coherencia con sus políticas globales de derechos humanos. El cierre de 2025 encuentra al ejecutivo y a su familia a la espera de un fallo definitivo que determine si las promesas de inclusión de las grandes compañías son exigibles legalmente o simples declaraciones vacías.
En definitiva, el desenlace de esta nota se escribe hoy en los tribunales. El caso Hatanaka no solo busca una reparación individual, sino que interpela a todo el sistema laboral argentino sobre la necesidad de mecanismos de control más estrictos para garantizar que la orientación sexual y el deseo de formar una familia no sean nunca más una causa de exclusión profesional.
