A dos meses de la muerte del joven en Parque Síquiman, la investigación judicial está bajo la sombra del encubrimiento oficial. Mientras la familia exige que se reconozca el componente de odio, el poder político y la policía intentan instalar versiones que revictimizan a Samuel para atenuar la responsabilidad de los detenidos.
Dante Leguizamón, periodista cordobes, señala en una nota para Anfibia los puntos de esta investigación:
El hecho y la imputación inicial
El 23 de noviembre de 2025, Samuel fue interceptado por la policía tras un llamado al 911 que advertía sobre un joven «violento». Según testigos, los efectivos Guillermo Serafín Arce y Franco Sebastián Romero lo golpearon, le gritaron «puto de mierda» y lo asfixiaron sentándose sobre él. Actualmente, están detenidos e imputados por «homicidio preterintencional», una carátula que la querella busca cambiar a homicidio agravado por odio de género.
La víctima: Samuel Tobares
Samuel es descrito como un joven alegre, trabajador ‘golondrina’ del sector turístico y «abiertamente gay». Desde su adolescencia desafió los mandatos patriarcales de su pueblo. Leguizamón destaca su carácter histriónico y su valentía para vivir su identidad en un entorno conservador. Su muerte ocurrió mientras regresaba de trabajar en un hotel de Carlos Paz, sin portar armas ni haber cometido delitos.
“Dos personas de ochenta kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”
Guillermo, Testigo del asesinato
Irregularidades en la investigación
La causa está en manos del fiscal Ricardo Mazzucchi, cuya actuación es cuestionada por su cercanía a la fuerza policial (su pareja y la hija de esta son policías). Mientras Mazzucchi estaba de vacaciones en Aruba tras el crimen, la investigación quedó a cargo de personal policial, contradiciendo recomendaciones internacionales. Además, se denunció que los médicos encontraron «cantidades llamativas» de tierra en la boca de Samuel al ingresar al hospital.
El rol del Ministerio de Seguridad
El ministro Juan Pablo Quinteros negó rápidamente que se tratara de un caso de violencia institucional. Desde el área de seguridad se alimentaron hipótesis para revictimizar a Samuel, sugiriendo que el consumo de drogas pudo ser un atenuante de su muerte. Este discurso busca minimizar la responsabilidad de los agentes y evitar que el caso sea catalogado como un crimen de odio, lo cual tendría un costo político y económico mayor para la provincia.
El conflicto con la defensa técnica
La familia comenzó siendo representada por Carlos Nayi, quien renunció tras diferencias profundas: los familiares sintieron que el abogado ponía el foco en la autopsia (que mencionaba consumo de cocaína) en lugar de centrarse en la brutalidad policial. Los nuevos abogados, Balduzzi y Bolseen, sostienen que la paliza fue el desencadenante inequívoco de la muerte y exigen la pena de prisión perpetua.
Crimen de odio y entorno social
El insulto «puto de mierda» no fue azaroso. Activistas como Esteban Paulón señalan que se trata de un crimen de odio basado en prejuicios que los victimarios volcaron mediante el uso de la fuerza estatal. Aunque en el pueblo algunos prefieren no hablar de su sexualidad por «respeto» o reserva, el trasfondo de discriminación resulta central para entender por qué un control rutinario terminó en un asesinato.
En su antebrazo derecho Samuel tenía tatuado el título de la canción “Stirb Nicht Vor Mir”, de la banda alemana Rammstein. La letra habla de la búsqueda del amor y del deseo de encuentro con alguien que, aunque quizás todavía no apareció en nuestra vida, de algún modo nos está esperando como nosotros a ella. Una de sus estrofas dice: “No mueras antes que yo”.
Dante Leguizamón, cronista
