Apesar de contar con la Ley de Identidad de Género, las personas trans y travestis en Argentina siguen enfrentando discriminación y trato patologizante en el sistema de salud y judicial. A Quimey Ramos, docente e investigadora social, OSDE le negó la afiliación en una acción a todas luces discriminatoria, violenta, patologizante, y contraria a la ley nacional.
Quimey Ramos, docente, investigadora social, creadora de la primera Red Nacional de Docentes Trans del país, fue víctima de discriminación en primera persona. Su prepaga de salud, OSDE, decidió dar de baja su afiliación después de que solicitara una intervención amparada por la Ley de Identidad de Género. A través de una carta documento, la empresa intimó a Quimey alegando que no había declarado su «verdadero estado de salud«, en referencia directa a su identidad como trans. Además, se le exigió un aumento exorbitante para mantenerse afiliada, y al negarse a aceptarlo, fue desafiliada automáticamente.
Quimey y su abogada presentaron un amparo y una medida cautelar para revertir esta situación discriminatoria. Aunque la medida cautelar logró garantizar provisionalmente su reafiliación y los tratamientos necesarios, el amparo continuó su curso.
En un intento por mantener su actitud discriminatoria, OSDE solicitó al juez de la causa que se realizara una pericia endocrinológica y psicológica a Quimey para determinar si había estado en tratamiento hormonal al momento de afiliarse y no lo había declarado. Esta solicitud fue apelada, argumentando que era injustificada e inútil, ya que no existe forma de demostrar los valores hormonales de Quimey en 2021. Además, esta pericia ignoraba que las prácticas de modificación corporal, como la administración de hormonas, no son una enfermedad, sino un derecho humano reconocido por la Ley de Identidad de Género.
El juez del Juzgado Civil y Comercial Federal 7 en la Capital Federal avaló esta pericia, pasando por alto los argumentos presentados y permitiendo que continúen estas prácticas claramente transfóbicas. Este precedente es peligroso, ya que desconoce la Ley de Identidad de Género y coloca a las personas trans y travestis en la posición de tener que probar su inocencia frente a la violación de sus derechos.
Quimey ha experimentado violencia y discriminación en el sistema de salud en reiteradas ocasiones, y lamentablemente no es la única. Esta realidad afecta a todas las personas trans, travestis y no binarias, y evidencia la necesidad de una solución profunda que defienda el derecho a la identidad y a la salud integral de todas las personas.
