La referente trans de Santa Cruz debe ser derivada a Buenos Aires por las secuelas de inyecciones de silicona industrial realizadas hace 30 años. Su caso expone la transición de una comunidad que pasó de la modificación corporal clandestina a la exigencia de derechos garantizados por la Ley de Identidad de Género.
Patricia Rearte, una mujer trans de 53 años y reconocida activista de Caleta Olivia, Santa Cruz, atraviesa actualmente una compleja situación de salud que requiere su derivación a la Ciudad de Buenos Aires.
Hace más de tres décadas, Patricia se inyectó silicona industrial en una clínica de Córdoba para adecuar su cuerpo a su identidad, en una época marcada por la exclusión del sistema sanitario.
El uso del mal llamado «aceite de avión» —sustancias líquidas viscosas como el líquido de frenos de aeronaves o derivados del petróleo— fue una práctica extendida debido a que su costo era hasta diez veces menor que el de las prótesis legales. Estos procedimientos se realizaban mayormente en domicilios particulares, sin condiciones de bioseguridad y utilizando jeringas para animales para introducir grandes volúmenes de material.
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Con el paso de los años, Patricia comenzó a sufrir las consecuencias devastadoras de este producto: la silicona que tenía en la cola migró hacia su cadera y piernas, mientras que en sus pechos se formaron nódulos y quistes dolorosos. Además de dolores insoportables que le impiden dormir, la paciente reportó la pérdida total de su cabello y síntomas de parálisis facial. Estas complicaciones son frecuentes en quienes viven con siliconas líquidas inyectables, ya que el material puede generar inflamación crónica, deformidades y, en casos graves, embolias pulmonares o paros cardiorrespiratorios.
La sanción de la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género en 2012 transformó este escenario al reconocer el derecho a la modificación corporal segura y gratuita dentro del sistema de salud. A pesar de este avance legal, Patricia se encuentra con un sistema que aún presenta barreras: en su provincia no existen médicos especialistas que traten las secuelas de la silicona industrial por temor a las complicaciones quirúrgicas. Mientras espera la autorización de su obra social, la comunidad de Caleta Olivia organiza ferias solidarias y colectas para costear los gastos de su permanencia en Buenos Aires.
Su caso evidencia que, aunque se ha avanzado hacia una atención en hospitales públicos y consultorios inclusivos, todavía es necesario fortalecer las redes de cuidado para las «sobrevivientes» de la clandestinidad. Patricia viajará a la capital con la esperanza de ser intervenida por equipos que comprendan la complejidad de una problemática que no es solo médica, sino el resultado de décadas de marginación estructura
