El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó hoy las enmiendas legales que prohíben la "propaganda LGTBI" en el país. Con esta medida, la nación centroasiática se alineó con las políticas restrictivas que ya implementaron anteriormente Rusia y Georgia. La normativa busca impedir la difusión de contenidos vinculados a la diversidad sexual en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos.

Kazajistán tiene Ley que prohíbe la propaganda LGTBI, como Rusia y Georgia

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó hoy las enmiendas legales que prohíben la «propaganda LGTBI» en el país. Con esta medida, la nación centroasiática se alineó con las políticas restrictivas que ya implementaron anteriormente Rusia y Georgia. La normativa busca impedir la difusión de contenidos vinculados a la diversidad sexual en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos.

Desde la Presidencia kazaja indicaron que el objetivo central es proteger a las infancias de información que consideran perjudicial para su desarrollo. El proyecto de ley, que también incluye la prohibición de la propaganda de la pederastia, contó con el respaldo previo de ambas cámaras del Legislativo. Según los impulsores de la norma, la redacción final surgió de una petición ciudadana presentada hace un año y medio.

El presidente kazajo, Kassim-Yomart Tokáyev. EFE/ Akorda

La nueva legislación modifica nueve leyes vigentes, entre ellas las de educación, cultura, publicidad y prensa. El diputado Yelnur Beisenbáev, uno de los promotores, explicó que el texto define con precisión qué se entiende por «propaganda de orientación sexual no tradicional». Sin embargo, aclaró que la norma limita la difusión de contenidos, pero no prohíbe ni rechaza legalmente a las personas por su identidad.

La decisión generó fuertes críticas de organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch. Estas entidades advirtieron que la ley vulnera derechos fundamentales, siguiendo el modelo de Rusia, que endureció sus restricciones en 2022, y de Georgia, que aprobó medidas similares en 2024 bajo el argumento de «defender los valores familiares».

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