Un hombre de la comunidad LGBTIQ+, identificado como Juan, sufrió un brutal ataque que le provocó una doble fractura de mandíbula. Tras el incidente, fue asistido y derivado al Hospital Piñero. La agresión, que le generó la urgente necesidad de una cirugía, lo llevó a visibilizar su caso para alertar a la comunidad y buscar asesoramiento legal. La operación tiene un costo de aproximadamente siete millones de pesos.
El caso de Juan se inscribe en un contexto de creciente violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en Argentina. Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de 2024, los ataques de este tipo no dejan de crecer, manifestándose cada vez más a través de agresiones físicas en la vía pública. El documento indica que se registraron al menos 140 crímenes de odio en el último año.
La Defensoría LGBT define los crímenes de odio como incidentes donde la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas son utilizadas como pretexto para la vulneración de sus derechos. Un problema recurrente es la subrepresentación de estos delitos, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a la revictimización o a no ser tomadas en cuenta por el sistema judicial.
El informe de la Defensoría advierte que, por primera vez desde su creación, los golpes físicos se han convertido en la modalidad de agresión predominante. Esta alarmante tendencia demuestra un aumento de ataques directos y brutales en la vida cotidiana de las personas LGBTIQ+.
Las cifras del Observatorio muestran que los crímenes ocurridos en la vía pública pasaron del 24% en 2023 al 35% en 2024. Este incremento subraya la falta de garantías de seguridad en los espacios públicos y la normalización de la violencia física, configurando un escenario extremadamente preocupante para la comunidad.
La Defensoría LGBT, creada en 2016 dentro del INADI (organismo que fue eliminado por el gobierno de Javier Milei), en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, ha sido una voz clave para visibilizar y cuantificar estos ataques, cuya falta de respaldo institucional agrava aún más la situación actual.
Fuente: Página12
