Jonathan Blanco Gallegos y Elías Pérez-Zuazo vivían una cotidianeidad tranquila en Washington D.C. hasta el 10 de diciembre pasado. Elías, de origen panameño, asistió a una cita de rutina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), algo que hacía anualmente desde que ingresó al país en 2021. Sin embargo, lo que debía ser un trámite de 45 minutos terminó en una detención arbitraria. Un agente salió al estacionamiento, le entregó a Jonathan las pertenencias de su esposo y le avisó que Elías estaba bajo custodia, sin darle ninguna explicación ni papeles.
El peso de la historia y el amor
La pareja se conoció poco después de que Elías llegara a EE. UU. y se casaron en febrero de 2024. Jonathan, ciudadano estadounidense, inició de inmediato el trámite de patrocinio para la residencia permanente de su esposo. De hecho, la petición I-130 ya estaba aprobada, lo que marcaba un camino legal claro hacia su regularización. Pero esta historia de amor y derechos civiles se chocó de frente con una táctica que las organizaciones de derechos humanos denuncian como sistemática: convertir las reuniones obligatorias en «trampas» para detener a personas indocumentadas, incluso cuando están en pleno proceso legal para obtener sus papeles.
Versiones cruzadas y actuación judicial
El ICE justificó la detención alegando una supuesta orden de deportación emitida en 2021, pero la defensa de Elías lo niega rotundamente y los medios locales no pudieron verificar la existencia de tal documento. Ante la falta de claridad, la justicia empezó a intervenir. El juez federal Anthony Trenga tomó una decisión clave: prohibió al ICE trasladar a Elías fuera del distrito judicial mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Trenga advirtió que el caso es «sustancialmente idéntico» a otros recientes donde se impugnaron detenciones del ICE, y le exigió al Departamento de Justicia que explique por qué este caso sería diferente.
Un corazón roto a la espera de justicia
“Mi cama está vacía. Él no está ahí. Ya no cocina para mí”, confesó Jonathan, quien hace más de un mes no duerme con su marido. Esta situación no solo afecta el derecho a la vida familiar y al matrimonio igualitario, sino que expone la vulnerabilidad de la comunidad LGTTTBIQ ante políticas migratorias que desoyen el debido proceso. Mientras la justicia federal analiza los pasos a seguir, Jonathan espera que el derecho a la identidad y a la familia pese más que la persecución administrativa.
