En los últimos días, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara de Senado de la Nación se convirtieron en escenarios de una ofensiva orquestada contra la Ley de Identidad de Género (Ley Nacional 26.743), una normativa pionera que, desde su sanción en 2012, posicionó a Argentina como referente mundial en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, travestis y no binarias. Esta avanzada, impulsada por sectores conservadores radicalizados, no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia política y legislativa que articula grupos religiosos, medios de comunicación hegemónicos y agentes del Poder Judicial con el objetivo de desmantelar conquistas históricas en materia de derechos humanos.
La estrategia conservadora en Argentina
por San Coronato Santana
El pasado 7 de noviembre de 2024, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó un evento titulado “Seminario II: Género e identidad: El problema de la sexualización infantil”, que buscaba “debatir” la Ley de Identidad de Género, una norma ya sancionada y consolidada. La actividad, suspendida por razones de seguridad ante las masivas movilizaciones de organizaciones de la diversidad, fue promovida con argumentos falaces que apelaban a la “protección de las infancias”, mientras invisibilizaban el consenso científico y los estándares internacionales que respaldan los tratamientos de afirmación de género. En la Legislatura porteña, iniciativas similares han sido impulsadas por grupos como “Manada de Padres”, que denuncian supuestos tratamientos hormonales “de facto” en menores, desoyendo evidencia médica que demuestra la seguridad y reversibilidad de los bloqueadores hormonales en adolescentes trans, utilizados bajo estrictos controles médicos y familiares.
Esta ofensiva no se limita al ámbito legislativo. Grupos conservadores vinculados a confesiones religiosas, como sectores ultracatólicos cercanos al Opus Dei y comunidades evangélicas, han encontrado aliados en los medios masivos de comunicación hegemónicos, que amplifican narrativas estigmatizantes contra las identidades trans. Estas narrativas, que presentan la identidad de género como una “ideología” o un “peligro” para la sociedad, buscan erosionar el consenso social que permitió la sanción de la Ley de Identidad de Género. A su vez, agentes funcionales del Poder Judicial han jugado un rol clave al avalar o no cuestionar iniciativas regresivas, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que prohíbe tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años, violando principios constitucionales y el derecho a la autonomía progresiva.
El proyecto de ley presentado por los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) en julio de 2025 es otro ejemplo de esta estrategia. La iniciativa, que busca eliminar el financiamiento público para tratamientos hormonales y quirúrgicos, restringir cambios registrales en menores y derogar el principio de trato digno, representa un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos. Como señaló la Federación Argentina LGBT, este proyecto “no solo implica una violación a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino que también expone a miles de personas a situaciones de mayor vulnerabilidad, exclusión y violencia estructural”.
La retórica de estos sectores, que se escuda en la “neutralidad estatal” o la “libertad de expresión”, oculta una agenda ideológica que niega la existencia de las personas trans y busca reinstaurar un modelo binario y patologizante de la identidad. La invocación de la “protección de las infancias” es particularmente engañosa, ya que la Ley de Identidad de Género no permite cirugías en menores sin autorización judicial, y los tratamientos hormonales en adolescentes son reversibles y están respaldados por organismos como la FDA. Estas falsedades, amplificadas por medios afines al gobierno, no solo desinforman, sino que fomentan discursos de odio que han derivado en hechos de violencia, como el reciente ataque homo-odiante a un joven de 23 años.
La coordinación entre estos actores –legisladores, grupos religiosos, medios y sectores judiciales– no es casual. Responde a una “batalla cultural” declarada por el gobierno de Milei, quien en foros internacionales como Davos ha calificado los derechos de género como parte de una “agenda woke” que debe ser desmantelada. Esta cruzada no solo ataca la Ley de Identidad de Género, sino también otras conquistas, como la Ley Micaela, el cupo laboral trans y la figura del femicidio, bajo el pretexto de eliminar la “discriminación positiva”. Sin embargo, esta retórica de “igualdad ante la ley” ignora que las normas atacadas buscan reparar desigualdades históricas, no crear privilegios.
Frente a este escenario, la resistencia de las organizaciones de la diversidad es un faro de esperanza. La Ley de Identidad de Género, fruto de décadas de lucha de activistas como Lohana Berkins, Diana Sacayán y Pía Baudracco, no es solo una norma legal: es un símbolo de dignidad y reparación histórica. Desmantelarla no sólo vulneraría compromisos internacionales, sino que pondría en riesgo la salud, la educación y la inclusión de miles de personas.
La sociedad argentina debe rechazar esta ofensiva regresiva. No podemos permitir que el odio y la desinformación prevalezcan sobre los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. La identidad no se negocia, se respeta. Como dijo Lohana Berkins, “el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo”. Hoy, ese impulso es más necesario que nunca.
San Coronato Santana (Elle/ella) – [email protected]
