Say Sacayán, referente travesti-trans y coautor de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, fue despedido de su puesto en el Boletín Oficial, dependiente de la Presidencia de la Nación, el 1 de abril de 2025. Sin notificación oficial ni explicaciones, sus coordinadores le informaron la decisión, que él denuncia como un “ataque directo” para “quebrar” a la comunidad LGBTI+. “Es mi trabajo, con lo que vivo y existo”, expresó indignado a El Destape.
Nota de Carla Perelló para ‘El Destape’
Sacayán llevaba tres años y medio en el Centro de Digitalización Documental, donde era el único de más de 40 trabajadores desafectado. Aunque la jefa del área, Andrea del Valle Carnevale, habría alegado “baja productividad”, él asegura que nunca recibió advertencias previas ni se siguieron los procedimientos formales. “Somos el Estado, no una empresa”, afirmó, exigiendo su reincorporación junto a ATE-Capital.
El despido coincide con un contexto hostil: dos días después, la Corte Suprema, con la firma del juez Manuel García-Mansilla, rechazó la figura de travesticidio en el caso de Diana Sacayán, hermana de Say y símbolo de la lucha trans. “No es casual, nos quieren desaparecer”, denunció, vinculando el hecho al Día de la Visibilidad Travesti-Trans y a la ofensiva del Gobierno ultraderechista contra el colectivo.
La Ley de Cupo Laboral, que lleva el nombre de Diana y garantiza el 1% de empleos públicos para personas travesti-trans-no binaries, permitió a Say acceder a su puesto. Sin embargo, el Ejecutivo parece ignorarla, sumándola al desmantelamiento de políticas de género, como la eliminación del Ministerio de las Mujeres y el INADI.
ATE-Capital calificó el despido como “discriminatorio y persecutorio”, señalando un doble factor: el ajuste general a trabajadores estatales y la persecución específica a activistas. El sindicato negocia la reincorporación de Sacayán y, de no haber respuestas, avanzará por la vía legal.
El Gobierno no respondió a consultas de El Destape sobre el caso. Mientras, datos de Zaguán Transindical revelan que, de 955 personas trans empleadas en el Estado hasta agosto de 2023, 130 fueron despedidas para junio de 2024, reflejando una arremetida material contra la comunidad travesti-trans.
