La Mesa de Gestión por la Diversidad presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para garantizar el acceso al empleo formal de personas travestis, trans y no binarias en el ámbito local, tanto público como privado. La urgencia del pedido se enmarca en una realidad que acorta la vida de esta población a apenas 40 años en promedio.
El pasado 31 de marzo, organizaciones y organismos que integran la Mesa de Gestión por la Diversidad de Villa La Angostura dieron un paso concreto hacia la inclusión laboral: presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para reglamentar el Cupo Laboral Travesti, Trans y No Binario en la localidad neuquina. La iniciativa fue impulsada de manera colectiva por el Consulado Diverso VLA —dependiente del Hospital Arraíz—, la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Angostura-Traful, el Área de la Mujer, Diversidad VLA y el colectivo Aquelarre Marica.
La propuesta establece un piso mínimo del 1% de los cargos del Estado para personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias, en línea con lo que fija la Ley Nacional 27.636, conocida como Ley Diana Sacayán, sancionada en 2021. Pero el proyecto local va más allá: contempla también la incorporación de esta población en el ámbito laboral privado, ampliando así el alcance de la política pública de inclusión.
El cupo laboral travesti-trans surge como respuesta a una de las formas más extendidas y estructurales de discriminación: la expulsión temprana de esta población de los entornos educativos, familiares y sociales. Esa exclusión sistemática genera una cadena de vulneraciones que deja a travestis y personas trans sin acceso real a salud, educación y vivienda, y las empuja hacia la informalidad, la precarización laboral o la prostitución como única vía de supervivencia.
Los fundamentos del proyecto describen una realidad alarmante: la esperanza de vida promedio de las personas travestis y trans en la provincia de Neuquén es de apenas 40 años. Ese número no es un dato frío sino la expresión de décadas de desamparo institucional, violencia, falta de acceso a la salud y ausencia de políticas públicas que garanticen derechos básicos.
La Ley Diana Sacayán fue un punto de inflexión a nivel nacional. Sin embargo, su implementación efectiva depende en gran medida de que los municipios traduzcan ese mandato en ordenanzas propias. Villa La Angostura, como muchas otras localidades del país, aún no cuenta con una norma local que obligue a los organismos públicos —y privados— a cumplir con ese piso de inclusión. De ahí que las organizaciones señalen que la reglamentación local tiene carácter urgente.
Desde la Mesa de Gestión por la Diversidad sostienen que implementar el cupo en el ámbito municipal y privado no es solo una medida reparatoria frente a desigualdades históricas, sino también una forma de fortalecer el rol del Estado como empleador responsable y garante de derechos. En ese sentido, la ordenanza busca construir un piso de igualdad real, no meramente formal.
El proyecto deberá ahora ser debatido y votado por el Concejo Deliberante. Las organizaciones que lo impulsaron esperan que los y las concejalas acompañen la iniciativa con la misma urgencia con que la crisis de derechos exige una respuesta. Cada año sin ordenanza es, para muchas personas trans y travestis de la región, un año más de exclusión, precariedad y vidas acortadas por la inacción del Estado.
