Zárate y Lima, 17 de marzo de 2026. A una semana de cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, patronal, oligárquica y patriarcal, el diagnóstico local que iniciamos en diciembre se cruza con una realidad nacional que exige justicia. El «Iceberg de la Crueldad» no solo describe el vaciamiento actual; describe un plan sistemático de exclusión y violencia que tiene a las identidades travesti-trans como el blanco histórico de un Estado que hoy vuelve a ensañarse con nuestra existencia.
Por San Coronato Santana (@holu.soysan)
Un ataque cada 38 horas: El odio legitimado
Los datos finales del Observatorio de Crímenes de Odio de la FALGBT de 2025 cierran un año negro: se documentaron 227 crímenes de odio en el país, un aumento del 62% respecto a 2024.
Este número confirma que nos atacan cada 38 horas. Este clima de violencia no es casual: es alimentado por las medidas regresivas del gobierno nacional de Javier Milei, que ha reformado la Ley de Identidad de Género para prohibir la hormonización en menores de 18 años y, bajo la bandera del ajuste fiscal, ha despedido a más de 900 personas travestis y trans que estaban contratadas bajo la Ley de Cupo Laboral, según estimaciones de las organizaciones.
1 crimen de odio cada 38hs
El límite de los 35 años y el vaciamiento en Zárate
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que, debido a esta violencia estructural, la expectativa de vida de las personas trans en América Latina no sobrepasa los 35 años. En Zárate y Lima, esta estadística se siente en el cuerpo ante el vaciamiento de la salud pública:
- Emergencia Sanitaria: Denunciamos el faltante crítico de reactivos para laboratorio, métodos de prevención y la interrupción de suministros de estrógeno.
- Falta de profesionales: El Consultorio Inclusivo y los hospitales provincial y municipal carecen de personal suficiente en salud mental, endocrinología, infectología, ginecología y urología.
- Cupo Laboral: Mientras la Nación despide, en Zárate el municipio mantiene un 0% de implementación de la ley local, y en la provincia los avances solo llegan bajo la presión de la denuncia.
El precedente de Santa Fe: Un mapa para la Reparación
Mientras en Zárate y la Provincia de Buenos Aires el debate sigue postergado, Santa Fe ya marcó el camino. Su Ley de Reparación Histórica otorga una pensión mensual vitalicia e imprescriptible a toda persona travesti-trans que acredite haber sufrido privaciones de la libertad sistemáticas por su identidad de género.
Lo innovador de esta ley santafesina es su flexibilidad probatoria: reconoce como válidos desde registros policiales y archivos de la memoria hasta testimonios judiciales e historias clínicas que den cuenta del daño padecido. Además, garantiza el acceso a la obra social provincial (IAPOS) y el Derecho a la Verdad, incorporando estos relatos al Archivo Provincial de la Memoria para construir una sociedad basada en la justicia y la diversidad. Este modelo es el que debemos exigir en el territorio bonaerense.
Memoria Trans: De la tortura a la demanda judicial
A 50 años del golpe, la consigna «Fueron 30.400» es un acto de justicia hacia les 400 compañeres desaparecidos. Las historias de sobrevivientes como Julieta González y Fabiana Gutiérrez (Pozo de Banfield) exponen la tortura sistemática que continuó en democracia a través de los códigos de edictos.
Hoy, la lucha se traslada a la Corte Suprema. En noviembre de 2025, 13 sobrevivientes, con el apoyo del Archivo de la Memoria Trans y el CELS, demandaron al Estado mediante un amparo para que las travestis y trans mayores de 50 años accedan a una pensión o jubilación, derecho que les es negado sistemáticamente.
La Ley de Reparación Histórica Nacional y el año legislativo 2026
Mientras Santa Fe se consolida como la única provincia con una Ley de Reparación Histórica vigente, y a 50 años del golpe, la consigna «Fueron 30.400» es un acto de justicia hacia les 400 compañeres desaparecidos. Las historias de sobrevivientes como Julieta González y Fabiana Gutiérrez (Pozo de Banfield) exponen la tortura sistemática que continuó en democracia a través de los códigos de edictos. Estel año legislativo 2026 se presenta como un escenario clave para el tratamiento de la Ley Nacional de Reparación Histórica. Este proyecto, presentado en 2025 y redactado íntegramente por personas del colectivo travesti-trans, exige que el Estado argentino reconozca y pida disculpas públicas por el “genocidio, exterminio y persecución sistemática” ejecutado tanto en dictadura como en democracia.
La urgencia no es solo simbólica: en un contexto donde la expectativa de vida del colectivo no supera los 35 años (según la CIDH) y donde el gobierno nacional ha profundizado la vulnerabilidad mediante el despido de 900 personas bajo la Ley de Cupo y el recorte en políticas de salud, la reparación económica es una cuestión de supervivencia. Por eso, ante la parálisis legislativa, la lucha también se trasladó a la vía judicial: en noviembre de 2025, 13 sobrevivientes, respaldadas por el Archivo de la Memoria Trans y el CELS, demandaron al Estado ante la Corte Suprema para exigir que las personas trans mayores de 50 años accedan a una pensión o jubilación. Al igual que el modelo santafesino, que permite acreditar la persecución mediante registros policiales, historias clínicas o artículos periodísticos, la Ley Nacional busca institucionalizar un resarcimiento que saque a nuestras vejeces de la indigencia y el olvido.
No hay «Nunca Más» sin las travestis y trans. No hay «Nunca Más» si las travestis y trans siguen siendo expulsadas del sistema de salud y trabajo. No hay justicia sin reparación histórica legislativa y judicial. No hay democracia plena si nos siguen matando cada 38 horas.
