Las detenciones y procesamientos judiciales por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y por motivos de expresiones de género diversas, continuaron produciéndose en todo el mundo en 2023 y en años anteriores, tal como lo revela un informe de ILGA Mundo.
A pesar de la escasez de datos oficiales disponibles, ILGA Mundo documentó instancias de aplicación de estas leyes en al menos 32 Estados miembros de las Naciones Unidas sólo en los seis primeros meses de 2023. Para la segunda edición de su informe Nuestras identidades bajo arresto, la organización revisó más de mil casos de las últimas dos décadas en los que las fuerzas de seguridad sometieron a personas LGBT y de género diverso a multas, detenciones arbitrarias, procesamientos judiciales, castigos corporales, encarcelamientos e incluso (posiblemente) la pena de muerte. Sin embargo, las cifras reales pueden ser mucho más elevadas: los registros oficiales son a menudo inaccesibles o inexistentes. Además, es posible que muchos casos nunca se hayan registrado o que se haya informado sobre ellos de forma poco clara y sesgada.
Los casos documentados muestran la naturaleza impredecible de estas detenciones y procesamientos judiciales. «Países ampliamente considerados como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos con relativamente poca antelación», explicó Kellyn Botha, consultora de investigación de ILGA Mundo y autora principal del informe Nuestras identidades bajo arresto. «El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género —ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación— se traduce en políticas o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia es difícil de anticipar. Asimismo, hemos visto como en 2023 Uganda adoptó una nueva y drástica normativa, cuyo impacto negativo ya se está dejando sentir en toda la región. Kenia, Tanzania, Nigeria, Ghana y Senegal han intentado agravar también la legislación existente, mientras que Irak, Níger y Mali han experimentado un aumento de los esfuerzos por criminalizar formalmente a nuestras comunidades allí donde antes no existía ninguna ley. A pesar de los avances positivos registrados en Singapur, las Islas Cook y Mauricio, donde en 2023 se despenalizaron los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, el camino hacia la igualdad rara vez es una línea recta».
Cuando se trata de cómo se aplican estas leyes, el panorama es especialmente desolador. «Las penas de prisión impuestas por los tribunales varían mucho según la época y la región, desde un par de meses hasta incluso 30 años en algunos casos», explica Lucas Ramón Mendos, Gerente de investigación de ILGA Mundo. «Existe documentación abrumadora sobre policías que golpean, humillan, torturan, violan, extorsionan o maltratan a las personas LGBT y de género diverso a las que detienen o encarcelan. Muchas víctimas de estas violaciones no presentan denuncias formales por miedo a volver a ser victimizadas.
La mayoría de las leyes de criminalización apuntan específicamente a los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y, sin embargo, las expresiones de género diversas parecen ser un elemento central que desencadenan un número desproporcionado de detenciones. «En muchas jurisdicciones, la forma de vestir, de actuar o de hablar de una persona puede considerarse una ‘prueba’ de ‘homosexualidad’ y ser suficiente para justificar una detención», continuó Mendos. «Es mucho más probable que alguien sea objeto de una detención por su aspecto diverso o sus gestos que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable».
Este sombrío panorama tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de las personas LGBT y de género diverso. «La mera existencia de leyes de criminalización significa que, en muchas partes del mundo, nuestras comunidades viven bajo una amenaza constante«, comenta Gurchaten Sandhu, Director de programas de ILGA Mundo. «Esto no sólo es cierto para las poblaciones golpeadas por repentinas oleadas de hostilidad, sino también para las personas solicitantes de asilo que —basándose en evaluaciones erróneas de seguridad— corren el riesgo de ser devueltas a países donde serán perseguidas.»
«A menudo, nuestras comunidades son objeto de ataques incluso sin que existan disposiciones explícitas de criminalización en los libros», continuó Sandhu. «Esto es especialmente cierto en las zonas donde el estado de derecho se ha desvanecido y los grupos insurgentes han tomado el control. No figurar entre los 63 Estados miembros de la ONU que criminalizan explícitamente los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo no es suficiente para que un país sea considerado un lugar seguro para las personas LGBT y de género diverso.»
Detrás de los textos legales, hay miles de historias reales de personas que se ven afectadas negativamente por una legislación injusta de criminalización.
«Seguimos descubriendo lo que la jerga jurídica impersonal implica en la práctica, afectando a las experiencias de vida de formas que exigen atención y acción», concluyeron Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, Cosecretarias generales de ILGA Mundo. «Son estas historias las que nos instan a continuar nuestra incidencia y activismo con renovado vigor, amplificando las voces de aquellas personas a las que los sistemas de poder dejan sin voz».
Fuente: Pressenza
