En José C. Paz, denuncian que se obliga a personas viviendo con VIH a completar planillas con información personal sensible para acceder a estudios, una práctica que vulnera derechos, expone y estigmatiza, recordando las peores épocas de persecución.
El Hospital Mercante de José C. Paz se encuentra en el centro de una grave denuncia por un procedimiento que ha sido calificado de «indignante» y regresivo en materia de derechos humanos. Se ha reportado que, como condición para acceder a sus estudios, las personas que viven con VIH son obligadas a completar planillas con datos personales sensibles. Esta práctica no se considera un mero trámite, sino una forma de exposición que vulnera derechos, pone a las personas en riesgo y reinstala la estigmatización que tanto costó erradicar.
Quienes denuncian señalan directamente al Servicio de Infectología del hospital, acusándolo de violentar derechos básicos bajo una fachada burocrática.
Esta situación trajo a la memoria el doloroso caso de Julio Talavera de hace más de 30 años, a quien intentaron expulsar de su colegio por vivir con VIH. En ese momento, una trabajadora social lo expuso frente a familiares, vecinos y empleadores con el pretexto de un falso «seguimiento epidemiológico». Los denunciantes sostienen que, en 2025, el Hospital Mercante repite la misma lógica de persecución y estigmatización con un disfraz diferente: una «burocracia que no cuida, sino que expone». Argumentan que, tras un largo camino de conquistas impulsadas por activistas, no se puede permitir que se retroceda tres décadas en los derechos a la confidencialidad, dignidad y respeto.
Pese a que se reconoce que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof y la Dirección Provincial de VIH han impulsado políticas de cuidado, se denuncia que esta práctica es producto de «sectores enquistados» en los hospitales que buscan reinstalar mecanismos de control. Se exige el cese inmediato de estas acciones abusivas, remarcando que la salud pública no debe ser un espacio de persecución o control social.
Además de la exigencia del cese de las planillas, se apunta a una precariedad estructural en la institución: el Hospital Mercante ni siquiera contaría con una Dirección de Infectología propia. El servicio está fragmentado y depende de otras áreas clínicas, lo que impide brindar una atención integral y acorde a la legislación vigente. Por ello, se demanda también la creación inmediata de una Dirección de Infectología que garantice los derechos y ponga fin a este «vacío institucional que habilita abusos».
Los denunciantes, incluyendo a Julio Talavera y Cristian Pizzuti de COALICIÓN ROBY JAUREGUI, confían en el respaldo del Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de VIH para corregir la situación y asegurar que nunca más se repita una vulneración de derechos . Su mensaje es claro:
«No vamos a retroceder. Los derechos conquistados no se negocian».
