La cifra que comenzó a tomar notoriedad en las movilizaciones del 24 de marzo expone las represión hacia la comunidad LGBTQ+ durante la dictadura y los desafíos de las políticas de la Memoria.
Fernando Brovelli en Ámbito Financiero
El 24 de marzo es la fecha más movilizante para los organismos de derechos humanos en la Argentina. Para que sea completa la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, es necesario pensar qué hay detrás de la cifra de 30.400 desaparecidos, que comenzó a ser bandera y graffiti en los últimos años.
Siguiendo con la lógica de los 30.000 desaparecidos, no existe una estricta pretensión de exactitud con la cifra de 30.400: es una construcción política histórica, consensuada por organismos de derechos humanos porque permite dimensionar la sistematicidad del mecanismo represivo de la dictadura cívico – militar, en el despliegue geográfico de todas sus centros clandestinos de detención. Es imposible contabilizar los cuerpos de las personas secuestradas, torturadas y asesinadas por las fuerzas de seguridad estatales entre 1976 y 1983, precisamente porque esos cuerpos fueron desaparecidos. Con la misma impronta, no se puede establecer exactamente cuántas fueron las personas de la comunidad LGBTQ+ que fueron desaparecidas.
¿Por qué, entonces, 30.400?
La cifra surge a partir del testimonio del rabino Marshall Meyer, uno de los 13 miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente Raúl Alfonsín para investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Si bien el informe final de la Comisión, popularizado por el título Nunca Más, no incluye en ningún momento las palabras travesti, homosexual, gay ni lesbiana; fue el propio rabino el que detectó la presencia de 400 personas que pertenecían a la comunidad LGBTQ+.
Meyer tenía cercanía con Carlos Jáuregui, activista gay y primer presidente de la Comisión Homosexual Argentina (CHA), a quien le habría comunicado que 400 personas habían recibido, por su orientación sexual, un trato especialmente sádico y violento en los centros de detención clandestinos. Esa información no formó parte en el informe final por la insistencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuyo origen fue en una capilla de la Iglesia Católica. Sin embargo, trascendió por militancia y constancia: Jáuregui difundió la cifra en su libro La homosexualidad en la Argentina, publicado en 1987, y la comunidad LGBTQ+ la sostuvo como horizonte de lucha.
“La cifra refleja, tanto como la de 30.000, el símbolo de la tragedia: podrían ser menos o podrían ser más. Porque se trató de una masacre clandestina, cuerpos desaparecidos; aquella categoría fantasmal que Videla ubicó en el limbo. No están, se esfumaron. Era la ignominia de un gobierno que optó por asesinar fuera de toda legalidad, de todo registro contable”, sostuvo Alejandro Modarelli, coautor de Baños, fiestas y exilios junto a Flavio Rapisardi, una investigación referencia sobre la actividad de la comunidad LGBTQ+ en la dictadura.
Precisamente, es Rapisardi quien señaló que “hubo una sistematicidad en la persecución” de la comunidad LGBTQ+. “Antes de 1974 era reconocible la presencia de gays, lesbianas y trans en las calles”, afirmó, e indicó que a partir de la constitución de las brigadas de la Triple A “comenzaron a tomar algunas medidas de precaución, pero no al nivel del 24 de marzo de 1976”. El primer impacto fue el inmediato exilio de referentes culturales y políticos de la diversidad, como Néstor Perlongher, Héctor Anabitarte o Ricardo Lorenzo Sanz.
Debates sobre la cifra de los 30.400
Una vez visibilizada la presencia de personas de la comunidad LGBTQ+ entre los desaparecidos de la dictadura, el paso posterior llevó a revisiones acerca de la posición política a tomar en torno a la cifra 30.400. Los debates sobre ese número no terminan de borrar la construcción de una perspectiva de la diversidad en el discurso de Memoria, Verdad y Justicia, que se habilitó a partir de la instalación del debate en la agenda de los derechos humanos.
Más allá de la imposibilidad de determinar la orientación sexual de todas las personas que fueron desaparecidas, la cifra expresada por Marshall Meyer (400 personas) es incluida dentro de la órbita de los 30.000. Aunque la realidad de las personas trans y travestis fue distinta, los testimonios de los juicios no determinaron que el motivo del secuestro de gays y lesbianas haya sido su sexualidad. Ellos formaban parte de organizaciones políticas peronistas y de izquierda que se insertaban en discusiones macropolíticas, donde la agenda LGBTQ+ de 1976 aún no tenía lugar. Muchos de los desaparecidos incluso debían ocultar su homosexualidad debido a que los movimientos revolucionarios eran espacios regidos por herméticas reglas heterosexuales y cisgénero, como lo revela una de las cánticos que se entonaba antes de 1976: “No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de las FAR y Montoneros”.
“Ese número probablemente haya servido como una estrategia política para visibilizar que existieron personas que fueron especialmente violentadas por su sexualidad”, ratifica Matías Máximo, periodista y autor de El Nunca Más de las locas,publicado en 2023. “Para mí, hablar de 30.400 implica correrse de un número consensuado. Seguir reclamando junto a la fuerza de los 30.000 y a la par de las otras organizaciones me parece que hoy, a 40 años del retorno de la democracia, es lo políticamente más interesante«, opinó.
En ese mismo sentido, Alejandro Modarelli manifestó: “No me convence sumar 400 al número 30.000, porque en momentos en que la extrema derecha intenta deslegitimar la lucha de los organismos de derechos humanos atacando una cifra imposible de calcular con exactitud, como la del Holocausto a causa de las características del exterminio, quizás estemos provocando otras razones para cosecha del negacionismo. Prefiero seguir con los 30.000 como bandera del reclamo. Testimonio de aquel limbo indescifrable que pregonó Videla. El número del oprobio, de la barbarie del secreto”.
La dictadura y la violencia contra la comunidad LGBTQ+
Al igual que el padecimiento de judíos y personas con discapacidad en los centros clandestinos de detención, el rabino Marshall Meyer detectó en la investigación de la CONADEP el ensañamiento con los gays y lesbianas. Matías Máximo reconstruye que «la violación sexual era algo asegurado si caías detenido. La mayoría de las personas travestis y trans cuentan que las pelaban. También existía reducción a la servidumbre”.
“No creo que haya habido una persecución premeditada dirigida contra la población LGBTQ+, sino que nuestra condición aumentaba el odio y, como en el caso de los judíos, nos volvía menos humanos ante el genocida”, analizó Alejandro Modarelli. “El Nunca Más no se ocupó de narrar las condiciones en las que las personas LGBTQ+ habían padecido un ensañamiento específico por ser, precisamente divergentes sexuales bajo una dictadura que, a diferencia de otras, las elegía también como víctimas propiciatorias. Si no morían, multiplicaban la tortura”, agregó.
En ese sentido, Flavio Rapisardi detalló que los testimonios hablan de que, en una revisión de antecedentes de rutina, “los tenían 48 horas encerrados en comisarías, con golpes o haciendo trabajos en la comisarías. Encerrados en lugares pequeños y les tiraban agua fría por debajo de la puerta para que se enfermaran”.
Ante el panorama represivo que se les planteaba como única condición, la comunidad LGBTQ+ desarrolló una serie de herramientas de supervivencia colectiva para poder practicar su sexualidad sin someterse a una detención arbitraria. Esos recursos de resistencia son los que precisamente le dan el título al libro de Rapisardi y Modarelli: Fiestas, baños y exilios. A partir del inicio de la dictadura, las celebraciones se concentraban en casas particulares, que aún así no eran seguras por la vigilancia vecinal. Públicamente, los sitios de conquista se circunscribieron a un circuito de baños en las estaciones de trenes que iban hacia la provincia de Buenos Aires, que estaban sometidos a tareas de Inteligencia de las fuerzas, con agentes encubiertos para realizar detenciones por goteo. En caso de que estos recursos no fueran posibles, restaba atravesar el exilio.
Las prácticas de las fiestas privadas -casi en la clandestinidad- también fueron una modalidad incorporada por trans y travestis para exhibir el orgullo. Sin embargo, existen testimonios históricos que ubican al centro de las celebraciones en casas aisladas del Delta del Tigre, donde podían tener mayor privacidad y eludir los controles. En ese distrito creció y aún vive Julieta González, quien alternaba los festejos con el trabajo por supervivencia, pese al constante hostigamiento policial.
“En esa época no se veían travestis en la calle porque sólo estábamos de noche, escondidas en la oscuridad y el silencio. Era imposible andar de día porque te sacaban hasta del almacén o de cualquier negocio”, contó y subraya la impotencia: “¿Quién se iba a oponer a ellos en ese momento? Nadie. Los vecinos que me conocían de toda la vida veían cómo me detenían del almacén y no decían nada”.
Julieta González es una de las pocas sobrevivientes de la comunidad que fue detenida y torturada en el Pozo de Banfield por ser trans. “Recuerdo haber escuchado esos gritos aterradores de la gente que mataban. Los nacimientos de los bebés y los gritos de las mujeres en parto también escuchábamos”, dijo, reiterando uno de los testimonios que ofreció en los juicios que aún se encuentran en desarrollo.
Como efecto moralizante y disciplinador que no toleraba siquiera la existencia de la diversidad sexual o de género, González recuerda las dos veces que le raparon el cabello luego de detenerla en la calle: la última vez en 1983, en la Comisaría 5° de Vicente López; la primera en 1978, durante las celebraciones del campeonato mundial de fútbol de Argentina: “Habíamos salido a festejar con algunas compañeras; estaba todo el mundo en la calle. Y nos llevó la policía: no sabés qué vergüenza sentí, como si fuéramos aquellas basuras más grandes que pudieran existir. Nos llevaron a la comisaría, nos tiraron al piso y nos hicieron un montón de maldades”.
40 años de democracia, ¿para quiénes?
“Ahora hay un poco más de libertad, pero la gente grande sigue con la misma postura de mirarnos como bichos raros”, asegura Julieta González y apunta: “Nos permiten trabajar porque la ley los obliga, sino no lo harían”. “Las violencias y persecuciones no empezaron ni terminaron para las personas LGBTQ+ en la dictadura», sintetiza, en ese marco, Matías Máximo.
En el 40° aniversario de la democracia, que implicó además de la elección de mandatarios para la conducción ejecutiva y legislativa una serie de garantías constitucionales amparadas en una justicia equitativa, el testimonio de la comunidad LGBTQ+ remarca la continuidad de prácticas represivas que exponen las fronteras borrosas entre el fin de la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos.
En el plano retórico, desde 1983 la propuesta heteronormativa expresó su voluntad en el propio gabinete de Raúl Alfonsín. Una de sus voces más notorias, la del ministro del Interior Antonio Tróccoli, consideró que a la homosexualidad “hay que tratarla como una enfermedad”. Entrevistado por Enrique Syms para la revista El Porteño en 1984, aseguró que no había persecuciones a la comunidad LGBTQ+, y defendió las razzias en los bares y boliches gays con el argumento de que “si la Policía ha actuado es porque existieron exhibiciones o actitudes que comprometen públicamente las reglas del juego de una sociedad que quiere ser preservada de manifestaciones de este tipo”.
Ya finalizada la dictadura, existieron al menos dos edictos contravencionales que podían ser aplicados directamente por la policía e implicaban la detención sin necesidad de pasar por el sistema judicial: “ropa contraria al sexo” e “incitación al acto carnal”. Los propios oficiales, con los criterios construidos por la heteronormatividad de la época y con la suma de la arbitrariedad que les proponía ejercer la justicia por su propia cuenta, definían qué era vestirse como el sexo opuesto y qué era incitar al acceso carnal.
Los edictos fueron derogados en 1998 en la ciudad de Buenos Aires y hasta el siglo XXI continuaron en algunas provincias. “Estamos hablando de un montón de años de la democracia en donde la policía tuvo a mano ese atajo que, más allá de las intenciones de moralizar, era una gran herramienta para cobrar coimas”, observó Matías Máximo.
Un futuro de Memoria con perspectiva de diversidad
«Lo que nos permite mínimamente tener un pasado o la construcción de una memoria es tener un presente. Si los derechos básicos no están asegurados es muy complejo empezar a construir la memoria que no fue escrita, narrada ni contada», analizó Matías Máximo y apuntó contra una demanda del colectivo trans y travesti denominado “Las Históricas”, que pidió una reparación histórica para las personas de la comunidad LGBTQ+ que sobrevivieron a las detenciones y torturas de la dictadura cívico-militar y a los edictos contravencionales.
Hasta el momento, existen cinco leyes a nivel nacional que contemplan una reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado, abarcando a detenidos sobrevivientes y a familiares de detenidos y desaparecidos. Bajo el nombre “Reconocer es reparar”, las personas trans y travestis que sufrieron la persecución sistemática de las fuerzas de seguridad solicitan una postura que encare con perspectiva de la diversidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
En ese sentido, Matías Máximo subrayó la importancia de “que se entienda esta persecución sistemática a personas travestis y trans, que en muchos casos no podían ni asomarse a la puerta ni hacer un mandado de día porque su sola existencia ya era un delito. Que se reconozca toda esta violencia, persecución y arrestos arbitrarios, para que se acompañe con una ayuda económica que es urgente porque la expectativa de vida no es muy alta y las personas se nos están muriendo».
Julieta González, que en agosto del 2022 recibió del gobierno de la provincia de Buenos Aires una pensión reparatoria, en el marco de la ley provincial 14.450, solicitó a nivel nacional “que sea aprobada la reparación histórica para las chicas mayores de 60 años, que no son muchas” y precisó que “muchas chicas tienen 70 años y no reciben ni una pensión. Tienen que salir a trabajar porque sino no tienen ni para comer, ni un bolsón de mercadería”. “¿Quiénes se acuerdan de las grandes, que fuimos las que abrimos camino y nos rebelamos contra semejante monstruos que eran los militares, la policía y la sociedad de ese momento?”, concluyó.
Al mismo tiempo, de cara a nuevas políticas de Memoria, Verdad y Justicia, Flavio Rapisardi invitó a pensar una nueva perspectiva en el sistema de justicia. “Si uno analiza que en los juicios de lesa humanidad no está incluida la perspectiva de las detenciones especiales, sumado a fallos judiciales altamente discriminatorios hacia las personas LGBTQ+, que están luchando por la tenencia de hijos o por otras cuestiones como herencia; claramente el sistema judicial debería aggiornarse no sólo en términos de feminismo y de género sino también en términos de diversidad”, sostuvo.
Un impulso en la acción de los derechos humanos que ofrezca un panorama de futuro implica la apertura a nuevas voces y revisiones de la historia. En este caso existieron cuerpos y sexualidades normadas, bajo criterios en los que coincidieron la dictadura cívico-militar y los gobiernos democráticos posteriores, cuya disrupción implicaba una represión como respuesta estatal. Aún debatiendo la cifra de 30.000 o 30.400, la pertinencia de la perspectiva LGBTQ+ en la construcción de Memoria combate las prácticas que quisieron moralizar a través del encierro, el castigo y el asesinato, imponiendo la heterosexualidad cisgénero como política de Estado.
“Hoy el activismo LGTBQ+ está investigando esas desapariciones o muertes que fueron pasadas por alto en su momento. Es un esfuerzo necesario. Un Nunca Más que nos contenga”, anheló Alejandro Modarelli. Porque para que realmente no se vuelva a implementar la persecución y la violencia sistemática, tiene que ser un Nunca Más para todos.
